La Comisión Europea no esperará al otoño como se ha rumoreado, ya que este lunes ha garantizado de nuevo que tomará una decisión sobre el desvío del déficit presupuestario de España con respecto al objetivo pactado en 2015 "a principios de julio". Aunque no ha detallado cuándo se pronunciará sobre la cuestión, todo indica que lo hará antes del martes 12 cuando se reúnen los comisarios en Estrasburgo.
"En la comunicación del 18 de mayo dijimos que volveríamos a la situación fiscal de España y Portugal a principios de julio y eso es lo que vamos a hacer", ha afirmado el portavoz del Ejecutivo comunitario, Alexander Winterstein, en rueda de prensa, en la que ha pedido "paciencia" sobre esta cuestión.
El debate sobre los próximos pasos con respecto al desvío de las cuentas públicas de España y Portugal no está incluido formalmente en la agenda de la reunión de comisarios de este martes en Estrasburgo. Sin embargo, se espera que haya una discusión sobre el asunto aunque la decisión se tome más adelante.
Así, fuentes comunitarias han subrayado que "no tendría sentido" que el Ejecutivo comunitario se pronuncie después del próximo encuentro de los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), que tiene lugar el martes de la semana próxima, 12 de julio.
En este sentido, las mismas fuentes han señalado que no es necesario que se reúna el colegio de comisarios para tomar una decisión, por lo que la postura formal de la Comisión podría conocerse a lo largo de esta semana.
Bruselas debe determinar la "falta de acción efectiva" del Gobierno español para controlar el desfase presupuestario, que el año pasado fue del 5% del PIB, frente al compromiso de reducirlo hasta el 4,2%. Esta decisión, que ya retrasó en mayo, desencadenaría el procedimiento para sancionar a España con una multa de hasta 2.000 millones de euros.
El siguiente paso, tras la opinión de la Comisión Europea, correspondería a los ministros de Finanzas de la UE, que tendrían que confirmar esta "falta de acción efectiva" y pedir a Bruselas que proponga una sanción.
Sin embargo, aunque la Comisión aclare su postura durante esta semana, podría ser tarde para que la cuestión se incluya en la agenda del Ecofin la próxima semana, lo que retrasaría hasta octubre la decisión formal de los ministros de Finanzas (el encuentro de septiembre es informal y no es posible aprobar conclusiones).
Una vez que el Ecofin certifique esta "falta de acción efectiva", la Comisión Europea dispone de un plazo de 20 días para proponer una sanción a España, aunque podría decidir cancelarla, atendiendo a una razón argumentada por parte del Gobierno español, o incluso proponer una "multa cero".
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