La demanda de una empresa estatal nicaragüense contra Unión Fenosa ha ocasionado que un Juez de Managua decrete el embargo preventivo de bienes de la empresa eléctrica. Este hecho complica las relaciones Nicaragua - España en un momento en que se estaba caminando hacia la venta de una participación en Unión Fenosa al Gobierno.
En la cumbre de Chile del año pasado, minutos después del célebre “¿Por qué no te callas?”, las furibundas críticas del Presidente Daniel Ortega a las empresas españolas y, en especial, a Unión Fenosa provocaron que el Rey de España se levantara de la reunión y se marchara.
A fines de año pasado, Chávez y Ortega intentaron, sin éxito, adquirir la empresa española.
Tras un acercamiento de hace unas semanas en Madrid, donde se acordó que el Gobierno de Nicaragua entraría a participar como accionista en la empresa, parece que las cosas se complican de nuevo tras la acción judicial de una empresa estatal contra la española en Managua.
Un juez de Managua ordenó el embargo preventivo de propiedades y bienes por cerca de un millón de dólares contra la compañía eléctrica española Unión Fenosa, encargada de distribuir la energía en Nicaragua, confirmó hoy la propia empresa.
El embargo preventivo fue ordenado por el juez Tercero Civil del Distrito de Managua, Napoleón Sánchez, a requerimiento de la estatal Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), dijo a Efe el portavoz de Unión Fenosa en Managua, Jorge Katín.
La presidenta ejecutiva de ENACAL, Ruth Selma Herrera, explicó hoy a la prensa local que esa institución solicitó por vía judicial el pasado lunes el embargo de propiedades y vehículos de las distribuidoras Disnorte y Dissur, que pertenecen a Unión Fenosa, por daños causados a equipos de bombeo de los pozos de la aguadora.
El portavoz de Unión Fenosa negó que esa empresa sea responsable de esos supuestos daños en los pozos de ENACAL.
“Nosotros consideramos que (el requerimiento de embargo preventivo) es una cortina de humo de ENACAL, debido a la mora que tiene esa empresa con las distribuidoras” de energía, señaló Katín.
Según el representante de la empresa española, ENACAL debe casi ocho millones de dólares a Unión Fenosa por “cuatro meses de no pagar el consumo de energía eléctrica”.
Por tanto, ENACAL pretende con el embargo preventivo “alegar que no tienen capacidad de pago y emprenden acciones (legales) sobre supuestos daños, que todavía nadie lo ha confirmado“, insistió Katín.
El juez Tercero Civil del Distrito de Managua, Napoleón Sánchez, aún no ha citado a las partes para iniciar el juicio por los daños que promueve ENACAL en contra de Unión Fenosa.
“Si se abre un juicio, pues obviamente vamos a presentar todos los descargos y las pruebas que tenemos, que no somos responsables de los daños de eso“, insistió el portavoz de la eléctrica española.
Agregó, sin embargo, que la eléctrica teme que ENACAL requiera ante el juez embargar las cuentas bancarias.
“Si embargan esas cuentas (bancarias), las distribuidoras (de energía) quedarían sin dinero para pagarles a las generadoras (…), lo que “podría provocar algún tipo de racionamiento importante de energía“, advirtió.
Consultado sobre si la acción que ha emprendido ENACAL puede ser parte de una presión del Gobierno de Nicaragua para que se consolide la venta al Estado del 16 por ciento de las acciones de la filial nicaragüense eléctrica, Katín dijo escuetamente: “No creemos“.
“Ya Unión Fenosa Internacional le manifestó al Gobierno de Nicaragua su total acuerdo en firmar el protocolo y otorgarle una participación al Estado de un 16 por ciento”, prosiguió.
Agregó, además, que la firma de ese acuerdo está previsto celebrarse en Managua el próximo 30 de abril.
“Por lo menos eso fue lo que se acordó en Madrid, en la primera semana de abril, solo falta que el Gobierno” confirme si se va llevar a cabo ese día, añadió.
Según Katín, el embargo preventivo ordenado por la justicia “no obstaculiza” la firma de esos acuerdos, pero indicó que lo consideran “inoportuno, porque ocurre en un momento en que se está culminando un proceso de negociación que ha durado casi un año”.
El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega ha dicho que compró el 16 por ciento de las acciones de Unión Fenosa en Managua, con 10 millones de dólares que la eléctrica española adeudaba al Estado nicaragüense, aunque aún falta formalizarse el acuerdo.
Unión Fenosa es dueña de las distribuidoras Disnorte y Dissur en Nicaragua, donde distribuye la energía eléctrica desde 2000, con una concesión de 30 años.
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