Primer proceso de diálogo social con crisis económica de fondo

Hay que remontarse a los años ochenta para encontrar negociaciones entre gobierno, empresarios y sindicatos bajo el signo de la crisis económica. Si exceptuamos los históricos Pactos de la Moncloa, sólo se firmaron en circunstancias parecidas los llamados acuerdos económicos y sociales que firmaron Nicolás Redondo, Antonio Gutierrez y José María cuevas, con la presencia, a veces activa y en otras ocasiones como simples notarios, de los ministros de trabajo de los últimos gobiernos de la UCD o los primeros socialistas, respectivamente Rafael García Calvo, Joaquín Almunia y Manuel Chaves.

Eran otros tiempos donde la crispación y los desencuentros formaban parte de unos procesos que la mayoría de las veces acababan en "acuerdos sobre los desacuerdos" y que germinaron, más tarde, en la famosa huelga general del 14 de diciembre de 1988.

A partir de ahí las cosas empiezan a cambiar. En la crisis económica de principios de los noventa se lograron algunos acuerdos parciales y, posteriormente, ya con la llegada del PP al gobierno, y la institucionalización de los procesos de dialogo social, se lograron acuerdos importantes en materia de pensiones, contratación, reforma del mercado de trabajo y apoyo a la industrialización del país. Pero siempre bajo el signo de la bonanza económica. De ahí que el proceso que ahora se inicia tenga características diferentes. Si hasta ahora se trataba de repartir la riqueza generada, a partir de este momento, se trata de acordar cómo se sale mejor de la crisis en la que estamos metidos.

Oficinas de empleo.

La CEOE aprobó, este martes pasado, una serie de propuestas que su presidente Gerardo Díaz Ferrán, pondrá encima de las mesas de las diferentes negociaciones que se piensan abrir. Nada nuevo. Incluso viejas reivindicaciones empresariales que se repiten hasta la saciedad como es la rebaja de las cuotas empresariales a la Seguridad Social y la reforma urgente del despido, lo que simple y llanamente significa abaratamiento de las bajas laborales. No es que pidan rebajas en las indemnizaciones, éstas cada vez mas exiguas. La clave de este empecinamiento empresarial reside en los llamados "salarios de tramitación", los que la empresa tiene que pagar desde que despidió al trabajador hasta que se dicta sentencia en el juzgado de lo social. Un verdadero incordio para los empleadores que dispara los costes laborales.

Los sindicatos, por su parte, acuden con la idea de que hay que tratar pocos temas pero sí muy importantes en materia de industrialización, apoyo a la innovación, a la investigación y al desarrollo, y reforma, una vez mas, de la contratación para evitar la excesiva rotación en el mercado de trabajo que termina por generar mas parados. Y una cosa de ultima hora. Dados los medios precarios con que cuentan las oficinas públicas de empleo desbordadas por la avalancha de demandas de los últimos meses como consecuencia del incremento de parados, se va a pedir que se doten las mismas de más medios, tanto humanos como materiales.