Encierro contra el desmantelamiento de la orientación educativa

"Es una agresión contra el sistema educativo", opinó una de las encerradas, Marian Valmaceda, del desmantelamiento que anunció el pasado 4 de junio la consejera de Educación, Lucía Figar. La desaparición de los 34 equipos que trabajan para colegios públicos y concertados de la Comunidad de Madrid afecta a más de 300 orientadores y a unos 80 trabajadores sociales, además de médicos y logopedas, según detallan los orientadores.

"No entendemos por qué se cambia, sin hacer ninguna evaluación previa, un modelo que ha funcionado adecuadamente desde 1982 y no se plantee ninguna alternativa", explicó Valmaceda. Los encerrados se quejan de que los empleados desconocen cuál será su futuro laboral.

También exigen un mayor número de recursos porque cada equipo orientador tiene que atender a un número elevado de centros. Por otra parte, el sindicato CCOO, que junto con UGT, CSIT y STEM apoyan la protesta, consideró que el desmantelamiento se debe a "razones de tipo político" porque "los equipos de orientación no los puede controlar la consejería".