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El Ministerio de Fomento, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades de Peaje, ha resuelto la actualización de las tarifas de las autopistas dependientes de la Administración General del Estado, con efectos desde el 1 de enero, y de acuerdo, fundamentalmente, al crecimiento del índice de precios al consumo, tal como contempla el artículo 77 de la Ley 14/2000, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

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El Gobierno prevé modificar la tarificación de la red de autopistas de peaje para abaratar el precio de estas vías en las 'horas valle', aquellas que registran menor intensidad de tráfico.

 El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, ha afirmado que la región tiene previsto implantar peajes "duros" en la M-61, el cierre norte de la M-50 y la radial de la carrera de Burgos (A-1). 

Habría que pagar por circular en la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, defiende la política de ajustes del Gobierno de Mariano Rajoy e incluso apuesta por recortar todavía más para poder cuadrar las cuentas públicas. "En las subvenciones a los sindicatos, a los partidos políticos y a las patronales les han cortado el 20%. Yo les cortaría el 100%. Las subvenciones al cine yo también las cortaría al 100%.

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Las autopistas de peaje españolas han registrado el peor inicio de año en cuanto a volumen de tráfico de los últimos 16 ejercicios, dado que el pasado mes de enero contabilizaron una media de 12.414 usuarios diarios, un 10,7% menos respecto al año anterior y el menor dato para este mes desde 1997, según los datos del Ministerio de Fomento.

La propuesta de la presidenta regional, muy discutida

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El Gobierno municipal de Ana Botella mantiene que no pondrá un peaje para entrar al centro de la ciudad, como ha hecho Londres para reducir la contaminación, y cree que esta decisión no entra en contradicción con la de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de cobrar por el uso de las autovía autonómicas.

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Las concesionarias de las radiales tendrán que pagar 1.000 millones a los expropiados ya que el Tribunal Supremo ha subido un 25 por ciento el coste de las expropiaciones. Por ello, las empresas se enfrentan con el Ministerio para que se haga cargo del sobrecoste.