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Cerca de las 17.00 un grupo de jóvenes cívicos, residentes chaqueños, dirigentes de la Central Obrera Departamental (COD) y trabajadores de la Prefectura se apostaron en instalaciones de la Aduana ubicada en la calle La Paz. Veinticinco de esas personas se quedaron en las dependencias y desde el lugar convocaron a sus correligionarios para fortalecer la toma.

El dirigente de la Unión Juvenil Tarijeña (que fue creada a mediados de julio) Sergio Rales, en declaraciones a radio Fides, aclaró que la toma “pacífica” forma parte de las reivindicaciones por el IDH y para consolidar las autonomías departamentales. “Es para que la Aduana dependa de la Prefectura de Tarija”.

Desde La Paz, el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, en conferencia de prensa, identificó como cabecillas de la ocupación a Wálter Mogro, dirigente de la COD de Tarija, y Jhoal Mendoza, funcionario de la Prefectura tarijeña.

“La Policía Nacional hará cumplir las disposiciones legales en vigencia porque no puede permitirse que autoridades departamentales de cualquier tipo pretendan avasallar instituciones de carácter nacional”.

La invasión ocurrió mientras el Poder Ejecutivo se concentraba en los conflictos que se pueden registrar hoy en Santa Cruz, donde fue localizado el mayor centro de atención después de los hechos violentos del viernes, cuando los discapacitados, con ayuda de los unionistas y legisladores de Podemos, intentaron tomar por la fuerza las instalaciones del Comando Departamental de la Policía.

La institución del orden reforzó ayer el control de las ciudades donde se efectuará la medida de presión. A Santa Cruz llegaron cerca de 200 uniformados de Cochabamba, Oruro y La Paz; los comandos departamentales de Beni y Pando serán reforzados con efectivos de Potosí y Oruro, aunque no existe un número determinado. También llegará apoyo a Tarija.

La Policía Militar también fue movilizada para custodiar las instituciones públicas de posibles tomas como la ocurrida en la capital chapaca.

En la ciudad de Santa Cruz, las instituciones públicas como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) están resguardadas por policías militares a fin de evitar cualquier toma de los unionistas.

La información fue confirmada por el comandante de la Octava División de Ejército en Santa Cruz, Marco Bracamonte.

Los canales de televisión mostraron imágenes en las que se veía a los conscriptos cargando dotaciones de gas lacrimógeno hacia esos recintos.

En Tarija, según la red televisiva Uno, los militares tomaron anoche el control de Servicios de Impuestos para evitar nuevas incursiones de los cívicos. Los uniformados tienen la misión de precautelar las entidades públicas, según explicó ayer el ministro de Defensa, Walker San Miguel, después de que la Policía tuviera que replegarse a su Comando debido al ataque de los unionistas, ocurrido el viernes.

En estado de apronte

Los dirigentes cívicos y las organizaciones que apoyan el paro cívico de las cinco regiones que demandan la devolución del IDH y los movimientos sociales afines al Gobierno están en apronte. Los primeros para hacer cumplir la medida de presión y los segundos para romper la movilización.

Aunque el presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, prometió un paro cívico “pacífico”, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) preparó a sus grupos de vigilancia para que hagan respetar la medida de presión que debe haber comenzado a las 00.00 de hoy.

David Sejas, presidente de la UJC, dijo que los unionistas saldrán a las calles de la ciudad oriental para que todos los sectores cumplan el paro. Recorrerán los mercados La Ramada, Abasto, Los Pozos y el Plan Tres Mil, donde los vecinos anunciaron una resistencia “pacífica”. En Tarija, el presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, afirmó que los dirigentes cívicos juveniles “harán cumplir” la medida de protesta aunque sea por la fuerza porque hay sectores afines al MAS que intentarán romper las movilizaciones en inmediaciones del Mercado Campesino de la ciudad chapaca.

También cerrarán la frontera con la República de Argentina, según la dirigencia cívica de San José de Pocitos. En tanto que en Yacuiba, las instituciones aún no decidieron si acatarán o no el paro. Las posiciones están divididas en esta ciudad de la provincia Gran Chaco de Tarija.

Según El Deber, en Camiri acatarán la movilización de 24 horas y cerrarán la vía que une Santa Cruz con Argentina y Paraguay, según informó el dirigente cívico David Rodríguez.

Carmen Palenque, dirigente del Comité Cívico paralelo camireño, citada por la agencia gubernamental ABI, aseguró que esta población no acatará la medida de presión porque se trata de una acción política.

En Beni y Pando, los unionistas también se encargarán de que la medida sea efectiva, aunque el presidente del ente cívico, Alberto Melgar, anunció que las movilizaciones serán pacíficas. En Chuquisaca, la prefecta Savina Cuéllar y el presidente del Comité Cívico Pro Intereses de aquel departamento, Jhon Cava, llamaron, por separado, a la población a acatar el paro “disciplinadamente”, pero la Federación Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futchop) inició el bloqueo de carreteras en ese departamento. El dirigente Esteban Urquizo anunció que si la prefecta Cuéllar no atiende sus demandas cercarán Sucre.

En Cochabamba anunciaron que no acatarán el paro.

Los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca demandan la devolución de 166 millones de dólares que fueron descontados por el Gobierno para pagar la Renta Dignidad y para la redistribución de la renta petrolera.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, recordó que el paro se asemeja al golpe de Estado gestado desde Santa Cruz por el entonces coronel Hugo Banzer Suárez en 1971.

El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, dijo que esa región necesita orden, por lo que el Gobierno recuperará el control de esa zona.

En San Julián llevarán a cabo cabildo al final del paro

La dirigencia cívica, colonizadora, campesina y vecinal de San Julián no acatará el paro cívico. Por el contrario, anunció una marcha en contra de la medida convocada por el Comité pro Santa Cruz y un cabildo para definir un posible cerco a la ciudad, si es que los unionistas toman las instituciones del Estado u ocurren incidentes violentos.

“Se hará un cabildo y vamos a tomar medidas de hecho”, anunció el líder cívico de San Julián, Félix Martínez. Explicó que la decisión de posponer el bloqueo que se había anunciado para hoy en la carretera hacia la zona de la Chiquitania fue precisamente para unificar criterios con otras organizaciones que apoyan su posición política y para esperar el desenlace del paro en esta jornada.

“No dejaremos que se tome ninguna institución pública, porque si ocurre eso, inmediatamente cercaremos Santa Cruz. Hemos coordinado con los campesinos, con la gente del Plan Tres Mil, la dirigencia de Cordillera, de Yapacaní y de El Torno, y tenemos que asumir esa medida en conjunto”, afirmó Martínez, que ayer participó en un ampliado con los colonizadores de San Julián, en la que definieron los lineamientos que seguirán en adelante.

Venancio Cortez, máximo dirigente de la Federación de Colonizadores de San Julián, aseguró que la lucha por la defensa de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) es de los pobres y descalificó las acciones que hacen a nombre de estos ingresos prefecturas y movimientos cívicos.

Cortez aclaró que, de ser necesario, pedirán al presidente de la República, Evo Morales, que entregue el dinero que se genera por este concepto a los municipios y “saltar” las prefecturas, pues los acusan de malversar estos fondos. El líder colonizador comentó que el paro puede ser una excusa para dar un golpe de Estado, como el ocurrido en 1971, a cargo del entonces coronel Hugo Banzer Suárez.

Recomiendan a Evo recuperar gobernabilidad

La ratificación del presidente Evo Morales con más del 67 por ciento debería servir para que el Gobierno recupere la presencia del Estado y de las instituciones en todo el territorio nacional, según han recomendado analistas y ex dignatarios.

El ex presidente Carlos Mesa considera que para superar la ingobernabilidad que se siente en varias zonas del país, el presidente Morales debe administrar “con sabiduría” el respaldo popular y realzar cambios en su propuesta de Constitución a favor del bien común y no sólo para sectores afines a su Gobierno.

“No se puede gobernar con hegemonías (…). Bolivia resiste una situación de crisis largamente prolongada, lo que nos conduce al estancamiento del avance en el país. La solución parte de que el Gobierno recupere la institucionalidad, mediante el Tribunal Constitucional y la Corte Nacional Electoral; el establecimiento de acuerdos productivos de la nueva Constitución Política de Estado (CPE) aprobada en Oruro con cambios de fondo y forma y la recuperación del imperio de la ley mediante el uso racional de la Policía”.

Por su parte, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas explicó que desde el año 2000 Bolivia atraviesa una parálisis, ingobernabilidad que repercute en la sociedad de manera silenciosa y dolorosa. Sugiere que se propicie un diálogo nacional genuino.

Es investigada la agresión contra policías

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) comenzó una investigación para identificar a los responsables de las agresiones contra el comandante general Miguel Gemio y el ex comandante Departamental Wilge Obleas, que se registró el viernes en Santa Cruz.

El director nacional, coronel Pablo Caballero, informó que se instruyó a la Dirección Departamental de la entidad que de forma conjunta con el Ministerio Público indague para encontrar a los responsables de las agresiones contra jefes policiales por parte de cívicos, unionistas y hasta parlamentarios de la oposición.

“Es necesario —declaró— hacerlo porque son autoridades que merecen respeto y esta agresión no puede quedar sin la investigación correspondiente y tratar de establecer las responsabilidades que corresponden”.

Afirmó que mediante requerimientos fiscales se solicitará a los medios de comunicación que se proporcionen imágenes de los hechos violentos para identificar a los autores.

El origen del lío es la demanda por el IDH

La redistribución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) es la manzana de la discordia entre el Gobierno y los dirigentes cívicos y prefectos del Consejo Nacional Democrático (Conalde). Ésa es la principal razón para que no continúe el diálogo que quedó truncado el jueves.

El Poder Ejecutivo asegura que las prefecturas reciben más del dinero que estaba destinado en un principio. El presupuesto inicial era de 792 millones de bolivianos por IDH, pero por los precios altos del petróleo que se registran en el mercado internacional se adicionaron 357 millones, de este último monto 344 millones se destinan para el pago de la Renta Dignidad, quedando 13 millones que se suma a los 792. Estas cifras suman 805 que están disponibles para las prefecturas. La “media luna” no está de acuerdo con este recorte, sostiene que el Gobierno está descontándoles 420 millones adicionales al “costo real” para el beneficio social, según José Luis Parada.