El Gobierno español autorizó hace unas semanas la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, aunque una de las condiciones impuestas no ha gustado a Bruselas y se ha abierto un expediente de infracción.
La Comisión Europea ha informado de la apertura de un procedimiento de infracción que podría culminar en una sanción a España.
El motivo es la moratoria que el Ejecutivo de Pedro Sánchez impuso como condición para aprobar la opa. El requisito fue que ambas entidades debían de mantener su independencia durante al menos 3 años.
Decisión final sobre lo opa
Para la Comisión, esta decisión vulnera la ley de defensa de competencia europea. Además, ha recriminado también la decisión de llevar la decisión final sobre la opa al Consejo de Ministros.
"La Comisión considera que determinadas disposiciones de la legislación bancaria española en materia de competencia otorgan al Gobierno español poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos", han precisado desde el organismo, que ve vulneradas las competencias del Banco Central Europeo.
Ya en mayo Bruselas advirtió a España de no frenar la opa subrayando que no existían razones para justificar su rechazo o bloqueo.
A finales de mayo, los portavoces de Bruselas ya advirtieron contra el freno de la opa por parte del Gobierno. "Nuestra expectativa sería, por tanto, que el Gobierno español se alinee con las decisiones de las autoridades competentes", apuntaron entonces.
"Poderes ilimitados"
Desde el Ejecutivo español han defendido su postura asegurando que han aplicado lo que indica la normativa española, pero desde la Comsión han criticado algunos aspectos legislativos en materia bancaria.
Consideran que hay algunos aspectos de la legislación nacional que otorgan al Gobierno "poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos", lo que vulneraría competencias del BCE.
"Esos amplios poderes discrecionales constituyen restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y de movimientos de capitales", han remarcado en un comunicado informativo.
Plazo de 2 meses
Con este inicio de procedimiento, comienza un plazo de 2 meses en el que el Ejecutivo español tendrá que defender su maniobra.
Si las alegaciones no convencen a la Comisión en este priodo, enviará al Gobierno de España un dictamen motivado en el que se exigirán cambios legislativos.
Después se abrirá otro plazo de 2 meses para que el Ejecutivo realice los cambios demandados por Bruselas.
Si no se producen, Bruselas podría llevar el asunto a los tribunales europeos y España podría recibir una contundente sanción.
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