El Gobierno, a través de su Consejo de Ministros, ha autorizado este martes la opa del BBVA al Banco Sabadell, además minimizando las condiciones.
Una de ellas, quizás la que más ha querido destacar el ministro de Economía y Empresa, Carlos Cuerpo, es que ambas entidades financieras tendrán que mantener su actual personalidad jurídica durante al menos 3 años.
En la práctica significa que Sabadell no perderá su marca y su imagen en esos años de plazo.
Bloqueo anti-despidos
Además, el Gobierno exige al comprador, BBVA, mantener la autonomía de cada entidad en su gestión: en el ámbito de la obra social, plantilla y oficinas. Dicho de otra manera, no podrá haber despidos masivos para acortar plantillas tras la fusión forzosa.
Por último, cuando se cumpla la adquisición del Sabadell, se deberán enviar informes de cumplimiento de estas condiciones.
El Ejecutivo ha querido dejar claro que ha hecho valer el interés general y protegerlo, pero respetando también el visto bueno que dieron a la operación el Banco de España, la Unión Europea o la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
Cuerpo ha defendido que las condiciones impuestas son "proporcionales y equilibradas", idea que repitió en varias ocasiones, asegurando que no obstaculizan la operación sino que sólo protegen a los agentes afectados por la operación: trabajadores, pymes, accionistas... El ministro también argumentó que la decisión es pulcra con las direcciones europeas.
Postura del BBVA
Aunque todavía se desconoce la postura del BBVA como respuesta a estas condiciones del Gobierno, algunos medios apuntan a que podría retirar su oferta de compra y desistir de la operación.
Y es que la entidad presidida por Carlos Torres quería una compra lo más inmediata posible y explotar la marca Sabadell desde su dirección.
También está la opción, ya insinuada por el BBVA, de acudir a la justicia, en concreto al Tribunal Supremo, para conseguir el permiso para la operación, sorteando estas condiciones del Gobierno.
Por su parte, el Banco Sabadell, por boca de su consejero delegado, César González-Bueno, insistía recientemente en proteger el interés general y evitar esta opa que considera hostil y perjudicial para la entidad y su sector, sobre todo las pymes.
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