El Consejo de Ministros tomará este martes una decisión clave respecto a la opa lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell.
El Ejecutivo deberá determinar si impone condiciones adicionales al comprador "por razones de interés general", una resolución que será observada con lupa por los inversores internacionales.
Esta decisión podría marcar el desenlace de una operación anunciada hace más de 13 meses y que mantiene en vilo a los accionistas de ambas entidades financieras, especialmente a los grandes fondos extranjeros.
No obstante, no es seguro que se impongan nuevas exigencias o que estas sean especialmente estrictas.
El BBVA descarta 'mano dura'
Según el presidente del BBVA, Carlos Torres, la entidad podría retirar la opa si considera que la operación pierde viabilidad, aunque advirtió que esta decisión sería "una muy mala noticia para España".
Además, desde el banco se argumenta que el Gobierno carece de margen legal para endurecer las condiciones ya establecidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En caso de que lo haga, el BBVA evaluaría recurrir la decisión ante los tribunales.
El papel de los ministerios en la decisión
A finales de mayo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reiteró que existen motivos de interés general para someter la operación al Consejo de Ministros, tal como solicitaron 5 departamentos.
Entre ellos destacan el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz; Seguridad Social (Elma Saiz); Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Sara Aagesen); Industria (Jordi Hereu); y Consumo (Pablo Bustinduy).
Según explicó Cuerpo, el objetivo de Economía es profundizar en el análisis del impacto potencial de la operación en áreas "tan importantes y vitales" como la protección del empleo, la inclusión financiera y la cohesión territorial. Estos elementos han sido objeto de debate entre los ministerios implicados y han alimentado la incertidumbre sobre el futuro de la operación.
Las condiciones impuestas por la CNMC
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya había autorizado la opa tras 11 meses de estudio, imponiendo ciertas condiciones al BBVA para garantizar la competencia y proteger intereses clave.
Según el BBVA , los compromisos asumidos ante el regulador favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos.
Por su parte, el Banco Sabadell, por boca de su consejero delegado, César González-Bueno, insiste en proteger el interés general y evitar esta opa que considera hostil.
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