Contra el uso de las tarjetas de crédito en las casas de apuestas

La Comunidad de Madrid ha publicado en su Portal de Transparencia la aprobación de un proyecto que busca regular los distintos medios de pago para la práctica de juegos de suerte, envite o azar. En las casas de apuestas se facilitará el uso de tarjetas de crédito, sistemas de pago on line o aplicaciones móviles, algo que preocupa a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que se opone a este proyecto y ha pedido su retirada.

Por este motivo, han presentado alegaciones contra la medida para intentar frenarlo. En las alegaciones, Enrique Villalobos, presidente de la FRAVM, explica que "el Proyecto de Orden contradice los objetivos hacia los que se encaminan las legislaciones de nuestro entorno, así como las líneas fundamentales de trabajo de las entidades vinculadas a la prevención de adicciones comportamentales vinculadas al juego, como son la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados y las Asociaciones de Consumidores".

Jorge Nacarino, tesorero y portavoz de la FRAVM, advierte que este proyecto “abre la oportunidad de consumir productos vinculados al juego en herramientas de pago que suponen el endeudamiento del consumidor, y comprendemos, al igual que lo entienden todos los expertos en materia de adiciones vinculadas al juego, que es un riesgo para las personas que padecen trastornos de ludopatía”.

Además, Nacarino apunta que "esta propuesta contradice la propia Estrategia Nacional sobre Adiciones del Plan Nacional de Drogas y todos los avances conseguidos por el Fichero Eficaz, una iniciativa impulsada por la Federación Española de Jugadores Rehabilitados de España y las propias entidades de crédito rápido, que permite bloquear de forma voluntaria el acceso al crédito a los jugadores".

El portavoz vecinal entiende que "la medida solo puede pretender favorecer el consumo de este tipo de productos aún a costa del endeudamiento de los jugadores; desgraciadamente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid con esta medida, se pone del lado de los empresarios del juego".

Nacarino pronostica que esto "va a perjudicar más aún en los barrios y municipios más vulnerables de la región, que es donde mayor presencia tienen este tipo de locales, y donde la población tiene menos recursos y más fácilmente recurrirán al pago a través de tarjetas de crédito para el consumo de estos juegos".

Por todo ello, considera que la solución solo puede pasar por la retirada del proyecto. "Las administraciones deben trabajar por desincentivar este tipo de consumos nunca favorecerlos, pero desgraciadamente la Comunidad de Madrid ha decidido con esta medida ir en dirección contraria al trabajo que se está realizando para la prevención de adicciones por parte de otras administraciones, organismos internacionales, entidades de consumidores y personas rehabilitadas", zanja.

"Perjudicará a los jovenes"

Por su parte, la ​​Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) también ha mostrado su disconformidad. “Los consumidores tienden a centrarse más en los beneficios del producto que en los costes cuando utilizan tarjetas en lugar de dinero físico”, ha alegado en la consulta pública su presidente, Máximo Enrique Gutiérrez, para argumentar por qué no les convence la medida.

Además, argumenta que "las personas cuanto más usan la tarjeta de crédito más percepción de felicidad tienen y más incrementan los deseos de continuar comprando, algo que no ocurre con el dinero en efectivo".

En el escrito, Gutiérrez también manifiesta que “parece evidente que para el usuario van a pesar más las desventajas de esta nueva posibilidad de pago con tarjeta, pero en el supuesto de que esta propuesta salga adelante, nuestra recomendación, para una adecuada protección de la salud de las personas usuarias, es que la persona que esté jugando reciba feedback constante del tiempo y dinero invertidos”.

Por último, concluyen con que esta medida causará "un aumento mayor en las personas que precisamente juegan de una manera impulsiva facilitando el aumento de la prevalencia del trastorno del juego".

Por su parte, el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha registrado una iniciativa mediante la que pide al Gobierno regional que mantenga la prohibición de uso de las tarjetas de débito, crédito, y medios electrónicos en la actividad del juego y las apuestas.

Según expone la formación 'morada', "la utilización de estos medios facilita el juego compulsivo, disminuyendo el control sobre el volumen de dinero dedicado a la apuesta, potencia la inmediatez del resultado, mecanismo que busca generar compulsión en la actividad y permite, incluso, apostar a crédito usando los límites de la tarjeta, con el consiguiente riesgo financiero", expone el partido.

Fuentes autonómicas trasladan a este medio que "la Comunidad de Madrid es de las regiones de España que más control tiene del juego. Al ser una actividad legal y reglada y regulada, no se puede prohibir lo que solicita la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos que se pueda pagar con crédito".

"Madrid protege y defiende a la juventud y los autoexcluidos del juego"

Desde el Gobierno regional informan que la orden se desarrollará un poco más adelante, pero defienden que "el crédito tiene la ventaja de que permite establecer un control y una trazabilidad del dinero además de restringir al propio jugador su capacidad de gasto, ya que toda institución financiera lo limita".

El Ejecutivo madrileño insiste en que "Madrid protege y defiende, en primer lugar, a los colectivos más vulnerables como son: la juventud y la infancia. Por otra parte, a los otros colectivos vulnerables como son aquellas personas autoexcluidas del juego".

En 2020, el Gobierno de la Comunidad de Madrid activó el Plan de Inspección de accesos a locales de apuestas, que consiste en un control exhaustivo del cumplimiento de la normativa del sector, así como de los accesos de usuarios y la protección de menores y colectivos vulnerables.

Asimismo, se está tramitando la Ley Ómnibus, en la que se incluye la reforma de la Ley del Juego que modificará el régimen sancionador para compatibilizar la protección a los más vulnerables con una actividad económica legal.