El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado, por segunda vez, las resoluciones del Ministerio de Consumo que ordenaron a Airbnb retirar miles de anuncios de pisos turísticos por no tener la licencia correspondiente ni indicar su naturaleza jurídica.
En concreto, el TSJM se pronunció sobre las medidas cautelares que la Dirección General de Consumo, dependiente del ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, emitió para que Airbnb eliminara de su plataforma casi 35.000 anuncios (34.728).
La compañía recurrió esta medida cautelar, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó el recurso, como ya hizo en mayo con un recurso anterior de la multinacional. Con esta decisión, el TSJM avaló, por segunda vez, las actuaciones de Consumo contra la compañía.
Retirada de 65.000 anuncios
En total, el ministerio de Bustinduy ordenó a Airbnb la retirada de 65.000 anuncios mediante 3 resoluciones: la primera, de 5.800 anuncios, que fue avalada por el TSJM en su primer auto en mayo; la segunda, de 34.728 anuncios, que acaba de ser avalada en este segundo auto; y una tercera, con los anuncios restantes, que es la única que no fue recurrida por Airbnb. Tras recibir las resoluciones de Consumo y después del primer aval de la justicia, la multinacional retiró los 65.000 anuncios en julio.
Desde la Dirección General de Consumo se esgrimieron 3 motivos para justificar la ilegalidad de estos 65.000 anuncios de pisos turísticos que se detectaron en Airbnb y que finalmente fueron retirados por la compañía:
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Los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas y la infracción más común detectada.
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Los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, una práctica que puede llevar a engaño a los consumidores.
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Los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, no especifican si son profesionales o particulares. Esta cuestión es fundamental para que el consumidor sepa si está protegido o no.
Objetivo del ministerio
En este mismo ámbito de actuación contra la publicidad ilegal de viviendas turísticas, Consumo abrió un expediente sancionador en diciembre de 2024. Además, la Dirección General mantiene expedientes sancionadores abiertos a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas y a agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión del alquiler.
Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo que fijó Pablo Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas del país. “Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, manifestó Bustinduy, y señaló que "ninguna empresa en España, por grande que sea, puede estar por encima de la ley".
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado, por segunda vez, las resoluciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que ordenaron a Airbnb retirar miles de anuncios de pisos turísticos por no tener la licencia correspondiente ni indicar su naturaleza jurídica. La decisión del TSJM se emitió en un auto esta semana, en respuesta a un recurso de la multinacional.
En concreto, el TSJM se pronunció sobre las medidas cautelares que la Dirección General de Consumo, dependiente del ministerio de Pablo Bustinduy, emitió para que Airbnb eliminara de su plataforma casi 35.000 anuncios (34.728). La compañía recurrió esta medida cautelar, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó el recurso, como ya hizo en mayo con un recurso anterior de la multinacional. Con esta decisión, el TSJM avaló, por segunda vez, las actuaciones de Consumo contra la compañía.
Retirada de 65.000 anuncios
En total, el ministerio de Bustinduy ordenó a Airbnb la retirada de 65.000 anuncios mediante 3 resoluciones: la primera, de 5.800 anuncios, que fue avalada por el TSJM en su primer auto en mayo; la segunda, de 34.728 anuncios, que acaba de ser avalada en este segundo auto; y una tercera, con los anuncios restantes, que es la única que no fue recurrida por Airbnb. Tras recibir las resoluciones de Consumo y después del primer aval de la justicia, la multinacional retiró los 65.000 anuncios en julio.
Desde la Dirección General de Consumo se esgrimieron 3 motivos para justificar la ilegalidad de estos 65.000 anuncios de pisos turísticos que se detectaron en Airbnb y que finalmente fueron retirados por la compañía:
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Los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas y la infracción más común detectada.
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Los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, una práctica que puede llevar a engaño a los consumidores.
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Los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, no especifican si son profesionales o particulares. Esta cuestión es fundamental para que el consumidor sepa si está protegido o no.
Objetivo del ministerio
En este mismo ámbito de actuación contra la publicidad ilegal de viviendas turísticas, Consumo abrió un expediente sancionador en diciembre de 2024. Además, la Dirección General mantiene expedientes sancionadores abiertos a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas y a agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión del alquiler.
Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo que fijó Pablo Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas del país. “Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, manifestó Bustinduy, y señaló que "ninguna empresa en España, por grande que sea, puede estar por encima de la ley".
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