El Congreso estadounidense avanza hacia el fin del cierre gubernamental más prolongado en la historia del país, tras más de seis semanas de parálisis administrativa. El Senado, con apoyo bipartidista limitado, aprobó una medida que restablece la financiación federal hasta finales de enero, dejando ahora la decisión final en manos de la Cámara de Representantes, que se prevé vote en las próximas horas.
El acuerdo, respaldado por el Ejecutivo, permitiría revertir los despidos temporales y asegurar el pago retroactivo de los salarios públicos, mitigando parcialmente el impacto social y operativo que el cierre ha generado en la economía doméstica. Sin embargo, la resolución mantiene un horizonte fiscal incierto: el nuevo plazo del 30 de enero anticipa otro posible enfrentamiento político que podría reabrir el debate sobre el gasto público, la deuda y las prioridades presupuestarias para el ejercicio fiscal 2026.
La falta de consenso revela la fragilidad del equilibrio institucional ante decisiones fiscales estratégicas, especialmente en un contexto de déficit creciente y un endeudamiento que supera los 38 billones de dólares. Aunque la reapertura aliviaría la presión sobre los servicios esenciales y el sistema aéreo, el acuerdo no introduce medidas que limiten la discrecionalidad del Ejecutivo en la gestión del gasto, lo que mantiene latente el riesgo de nuevas tensiones presupuestarias en el corto plazo.
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