Las tensiones comerciales han vuelto a escalar después de que Estados Unidos amenazara con imponer aranceles específicamente a España por no alcanzar el nuevo objetivo del 5% del PIB en gasto de defensa acordado en el marco de la OTAN. La advertencia, de carácter unilateral, ha generado una respuesta inmediata desde Bruselas, donde la Comisión Europea recordó que la política comercial es competencia exclusiva del bloque y que cualquier ataque económico contra un Estado miembro sería respondido de forma conjunta. Este posicionamiento reafirma la intención comunitaria de actuar de forma cohesionada, aunque también pone de relieve las divergencias internas en materia de defensa.
En paralelo, Washington mantiene un pulso con Pekín ante la inminente expiración de la tregua arancelaria entre ambas potencias. Si no se alcanza un nuevo acuerdo antes del 10 de noviembre, podrían reactivarse tarifas que llegarían a superar el 100%, añadiendo incertidumbre a los mercados y tensando las cadenas globales de suministro. Aunque el tono de las declaraciones ha sido agresivo, las últimas señales apuntan a una intención de contención, orientada a evitar un deterioro económico mutuo. Estos episodios evidencian hasta qué punto la política arancelaria estadounidense se ha convertido en un instrumento de presión geoestratégica, vinculado ahora no solo a desequilibrios comerciales, sino a cuestiones de seguridad colectiva y gasto militar.
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