La Sala Social del Tribunal Supremo desestima el recurso de Ryanair contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 17 de marzo de 2021, que declaró que dichas empresas vulneraron el derecho de huelga de los trabajadores que participaron en la convocada en 10 días de septiembre de 2019, así como los derechos de libertad sindical de los sindicatos Unión Sindical Obrera Sector Transporte Aéreo y SITCPLA.
La sentencia ahora ratificada declaró la nulidad radical de varias de las actuaciones empresariales, por contrarias a los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical, y condenó a las empresas demandadas a indemnizar a los 2 sindicatos demandantes por daños morales causados con la suma de 30.000 euros para cada uno de ellos, además de a reponer a los trabajadores que participaron en la huelga convocada los días 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20,22 ,27 y 29 de septiembre de 2019 en el bonus de productividad mensual por importe de 150 euros mensuales, del que sólo cabrá deducir la suma de 5 euros por cada día de participación en dicha huelga.
Ryanair, contra la libertad de huelga
Antes, en 2018, Ryanair ya tuvo un gris precedente en el que se evidenciaron amenazas a los trabajadores para que no fueran a la huelga.
El controvertido consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, advirtió ese año a sus tripulantes de cabina y pilotos que podrían perder sus empleos si siguen adelante con las protestas: "Si estas huelgas innecesarias continúan dañando la confianza de los clientes, los precios y la rentabilidad en determinados mercados nacionales, tendremos que revisar nuestro programa de invierno, lo que puede llevar a reducciones de flota en determinadas bases y pérdidas de empleos".
Por otro lado, el director financiero de la aerolínea, Neil Sorahan, planteó que "si hay otras bases donde podemos ganar más dinero y operar de manera más eficiente, entonces les asignaremos más aviones".
Los trabajadores justificaban esa huelga para exigir a la aerolínea que aplique la legislación española a los trabajadores residentes en España en lugar de la irlandesa, que es el país de matriculación de los aviones. Una anomalía que causa desajustes que van desde aspectos laborales como la asistencia sanitaria, hasta fiscales.
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