Los sindicatos cuestionan la constitucionalidad de la reforma laboral

"Vamos a aprovechar esta oportunidad, haremos nuestras aportaciones, pero no queremos levantar falsas expectativas sobre el resultado final. Lo que hay que corregir no son errores técnicos, sino horrores en materia laboral", ha afirmado Méndez, que ha asegurado que los sindicatos mantienen su calendario de movilizaciones contra la reforma, la primera prevista el próximo domingo, 19 de febrero.

   Después de reunirse con la ministra durante algo más de una hora en la sede del Ministerio, Toxo ha valorado también que Báñez no haya descartado que durante la tramitación parlamentaria la reforma pueda sufrir modificaciones en parte de su contenido, si bien ha aclarado que la ministra no ha precisado qué podría ser modificado o corregido.

   "Nos ha invitado a hacer una revisión completa de la reforma, pero que vaya a asumir parte o todo de las tesis que defendemos es entrar en otro terreno", ha explicado el dirigente de CCOO.

Algunas partes pueden ser inconstitucionales

   Los líderes sindicales han trasladado a la ministra que el Real Decreto-ley aprobado el viernes contiene algunos elementos que podrían ser "inconstitucionales", como el hecho de que se discrimine entre empresas de hasta 50 trabajadores y de más de 50 o el que se le asigne a la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos, integrada por sindicatos, empresarios y Administración, la última palabra para decidir sobre el descuelgue de un convenio.

   "Hay sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que impiden que la Administración pueda dictar laudos obligatorios y en esa Comisión está la Administración", ha recordado Toxo. Así, si la redacción final de la reforma, una vez haya pasado por las Cámaras, se mantiene en sus términos actuales, los sindicatos acudirán al TC. De momento, los servicios jurídicos de las centrales están valorando el contenido de la ley.

   Aunque los dirigentes de CCOO y UGT han valorado favorablemente la disposición al diálogo del Gobierno, los dos han lamentado que no se les haya convocado "bastante antes" de que se aprobara la reforma y han recordado al Ejecutivo que el diálogo social no está para usarlo a su conveniencia y como una suerte de subcontrata.

   Tanto Toxo como Méndez han insistido en que la reforma es "desequilibrada, errónea e injusta", que no favorecerá la contratación sino el despido, y que tampoco ayudará a los parados, "a los que se culpa de que estén en situación de paro", ni a los jóvenes en busca de su primer empleo.

   En este sentido y en relación al nuevo contrato indefinido para empresas de menos de 50 trabajadores, los sindicatos han pedido a la ministra que el despido no sea gratuito una vez finalizado el periodo de prueba, de tal forma que se le permita al trabajador cobrar una indemnización o ser readmitido si el despido es improcedente.

   Por otro lado, Toxo y Méndez han denunciado que la reforma "invade" el acuerdo de negociación colectiva al que llegaron a la patronal, a la que han pedido que "lo respete íntegramente". En este punto, Méndez ha pedido al Gobierno que "suspenda" de la reforma laboral todo lo que ha sido regulado en este acuerdo social si valora tanto el contenido del mismo como ha dicho.

Báñez: una ventana para el diálogo

   Aunque en principio no estaba previsto, la ministra de Empleo ha hecho declaraciones al término de la reunión con los agentes sociales. Los únicos que no han comparecido ante la prensa han sido los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado, respectivamente.

   Báñez ha confirmado ante los medios que "se ha abierto una ventana al diálogo" y se ha mostrado agradecida de que los agentes sociales hayan aceptado participar en una discusión técnica sobre el alcance de la reforma. Además, se ha mostrado dispuesta a mejorarla durante el trámite parlamentario.

   No obstante, la ministra ha defendido la reforma que ha aprobado el Gobierno, ha dicho que éste no se podía quedar de brazos cruzados ante una legislación laboral que ha permitido la destrucción de 2,7 millones de empleos, y ha subrayado que se trata de una reforma "equilibrada y completa", en la que "nadie pierde y todos ganan" y donde se persigue que el despido sea el último recurso empresarial a la hora de acometer ajustes.

   Báñez ha defendido además la constitucionalidad de la norma y ha afirmado que, si los agentes sociales cumplen los acuerdos alcanzados en materia de solución extrajudicial de conflictos, no será necesario recurrir a la Comisión de Convenios.

   "Tenemos la obligación de establecer pautas y reglas claras y, en el caso de que voluntariamente no se sometan al arbitraje, debe haber un final, en este caso en una comisión tripartita, que nombrará un árbitro que resolverá sobre el descuelgue en 25 días", ha explicado.




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