El ecosistema cripto en Estados Unidos sigue sumando capítulos significativos, y esta vez, el protagonista es el estado de Arizona, que acaba de dar un paso importante hacia la adopción de activos digitales.
Con la reciente promulgación de la Ley HB-2749, este territorio se posiciona como el segundo estado en el país en establecer una reserva estratégica de Bitcoin, marcando un precedente en la gestión pública de activos digitales.
A diferencia de propuestas anteriores que contemplaban el uso de fondos estatales, esta legislación se distingue por su enfoque innovador: no requiere inversión pública, ya que se nutre de activos digitales no reclamados, como recompensas por staking o airdrops, que no han tenido movimiento ni contacto con sus propietarios durante al menos tres años.
Una alternativa que convierte a Arizona en un ejemplo de integración tecnológica sin comprometer el presupuesto del estado.
Un marco legal que da protagonismo a los activos digitales
La Ley HB-2749 actualiza el código de propiedad no reclamada de Arizona, el cual anteriormente solo contemplaba activos tradicionales como acciones, bonos o cuentas bancarias. Con esta modificación, se establece formalmente el Fondo de Reserva de Bitcoin y Activos Digitales, el cual será gestionado por la Tesorería estatal.
Este nuevo fondo permitirá custodiar y gestionar aquellos activos digitales considerados abandonados, integrándolos al sistema financiero estatal. Tal como señaló el representante Jeff Weninger, uno de los impulsores clave del proyecto, esta legislación "asegura que Arizona no deje valor sin aprovechar y nos posiciona como líderes en la gestión de moneda digital abandonada".
Aprobación sin fondos públicos: un cambio de enfoque estratégico
Uno de los elementos más destacables de esta iniciativa es que evita por completo el uso de fondos públicos en distintos tipos de criptomonedas y otros activos digitales. En lugar de ello, se nutre de aquellos ya existentes y no reclamados, como se ha mencionado anteriormente. Esto representa un giro en comparación con propuestas anteriores como la SB-1025, que fue vetada por la gobernadora Katie Hobbs al proponer la inversión directa de fondos estatales —incluidos los fondos de pensiones— en Bitcoin, alegando la volatilidad del mercado como riesgo.
La HB-2749 responde a esa preocupación con un planteamiento más conservador y responsable: aprovechar lo que ya está disponible y en desuso. Al centrarse en activos no reclamados, Arizona se asegura de que la gestión de estos bienes digitales no implique un impacto financiero para los contribuyentes, pero sí genere valor para el estado.
Un entorno cada vez más favorable a la blockchain
En paralelo a esta legislación, Arizona también ha aprobado la Ley HB-2342, que protege el derecho de los residentes a utilizar potencia computacional en sus hogares. Esta ley impide que gobiernos locales regulen o restrinjan actividades relacionadas con la minería de criptomonedas, el funcionamiento de nodos blockchain, la computación en la nube o la investigación científica avanzada.
Al declarar estas actividades como un asunto de competencia estatal, Arizona evita interferencias municipales y promueve un entorno abierto para el desarrollo de tecnologías emergentes. La representante Teresa Martínez, quien lideró esta propuesta, destacó que el objetivo es fomentar la innovación desde el ámbito doméstico y proteger los derechos de los usuarios frente a regulaciones locales potencialmente restrictivas.
Esta normativa refuerza la postura de Arizona como uno de los estados más amigables con el ecosistema blockchain en EE.UU., permitiendo a sus ciudadanos participar en actividades como la minería desde sus hogares sin temor a restricciones arbitrarias.
El mapa de la adopción estatal en expansión
Con esta decisión, Arizona sigue los pasos de New Hampshire, que fue el primer estado en establecer una reserva oficial de Bitcoin a través de la Ley HB-302, permitiendo invertir hasta un 5 % de ciertos fondos estatales en criptomonedas de alta capitalización. Actualmente, solo Bitcoin cumple con ese criterio.
También Oregon ha mostrado avances en el reconocimiento de los activos digitales. Aunque no ha creado una reserva, ha actualizado su Código Comercial para reconocer las criptomonedas como garantías válidas, un paso importante hacia la integración de la blockchain en su sistema financiero.
Mientras tanto, Texas y Carolina del Norte trabajan en proyectos similares, lo que revela un creciente interés por parte de los estados para aprovechar las oportunidades que ofrece esta tecnología y fortalecer su soberanía financiera.
Un futuro regulatorio en evolución
El avance de Arizona refleja una tendencia clara en Estados Unidos: los estados están empezando a desarrollar marcos normativos propios para integrar Bitcoin y los activos digitales en sus estructuras legales y financieras. La combinación de innovación, prudencia presupuestaria y enfoque estratégico coloca a Arizona en una posición de liderazgo en esta transformación.
Más allá del fondo en sí, la clave está en el mensaje: Bitcoin ya no es un elemento ajeno al ámbito institucional, y su gestión responsable puede formar parte de políticas públicas coherentes. La legislación aprobada en Arizona demuestra que es posible avanzar en la adopción de activos digitales sin comprometer la estabilidad económica ni los principios regulatorios básicos.
Con estas leyes, Arizona consolida su posición como referente estatal en adopción tecnológica, apostando por un futuro donde la blockchain y los activos digitales puedan convivir armónicamente con las estructuras tradicionales. Un modelo que, probablemente, otros estados observarán de cerca.
Redactor: Sergio García
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