El FC Barcelona abonó supuestamente casi 7 millones de euros al entonces vicepresidente de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira, desde el año 2001.
En estos momentos, la Fiscalía de Barcelona mantiene abierta la causa por los pagos supuestamente injustificados que hizo el club al ex colegiado a través de la empresa Dasnil. Y aunque las facturas existen, no hay rastro documental que pruebe la realidad de esos trabajos. Lo que explica esa falta de justificación, según la declaración que Enríquez Negreira prestó ante la Agencia Tributaria, es que sus "asesorías técnicas" eran "verbales". Esos pagos son distintos de los que también recibió su hijo, Javier Enríquez, por informes sobre los árbitros que iban a dirigir partidos del Barça y que sí tienen soporte documental.
En 2001, durante la presidencia de Joan Gaspart, el club contrató los servicios de Enríquez Negreira, entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), el órgano de gobierno de los árbitros adscrito a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
El encargo se hizo a la empresa Dasnil, que el colegiado había creado sólo un año después de ser nombrado número 2 del organismo. El motivo por el que el club decidió contar con sus servicios es una de las incógnitas que trata de despejar la Fiscalía. La investigación comenzó en mayo de 2022 y, hasta la fecha, no se han hallado indicios de que el dinero sirviera para comprar la voluntad de los árbitros para favorecer al Barça.
Servicios inexistentes
La única explicación documentada es la que ofreció el propio Enríquez Negreira ante la Agencia Tributaria, que abrió una inspección fiscal a su empresa por irregularidades en las facturas entre 2016 y 2018. El ex árbitro explicó que el club había requerido sus servicios de asesoría para "asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra" durante los partidos y de que el equipo recibía un trato "neutral". Cuando fue llamado a declarar ante la Fiscalía, sin embargo, se acogió a su derecho a no declarar con el argumento de que padece un principio de alzhéimer, precisan las mismas fuentes.
Los pagos a Dasnil, en cualquier caso, se prolongaron en el tiempo y fueron asumidos durante 20 años por 4 juntas directivas del Barça: las presididas por Joan Gaspart (2000-2003), Joan Laporta (2003-2010), Sandro Rosell (2010-2014) y Josep Maria Bartomeu (2014-2020) que puso fin a esas prácticas en 2018 por una política de recorte de gastos, según la versión que él mismo ofreció en su declaración como testigo ante la fiscal.
Durante la etapa de Laporta al frente del Barça, las cantidades percibidas por el dirigente arbitral se incrementaron de forma notable (concretamente en la temporada 2009-2010), cuando aldededor de medio millón de euros salieron de las arcas del club con destino a Dasnil.
"¿Qué hizo el árbitro con ese dinero?" Es otra de las grandes incógnitas ya que, según la Agencia Tributaria, no se ha detectado un incremento patrimonial notable. Los investigadores han constatado, además, numerosas extracciones de dinero en efectivo.
La Fiscalía trata de aclarar si, más allá del elevado precio de unas asesorías verbales, los pagos están justificados; es decir, si responden a algún trabajo real o bien obedecen a motivaciones más oscuras.
Una de las hipótesis de partida de los investigadores es que el FC Barcelona pretendiera lograr el favor de los árbitros a través de Enríquez Negreira; no se han hallado, sin embargo, pruebas que apunten en ese sentido y además el Comité Técnico de Árbtiros ni siquiera designa qué colegiados han de dirigir los partidos.
Y según la declaración del ex árbitro, lo que el club pretendía era contar con un rostro amigo en el órgano de gobierno de los colegiados, con independencia de que no le sirviera para obtener decisiones ventajosas.
Si uno de esos extremos se demuestra, los hechos pueden enmarcarse en un delito de corrupción entre particulares, que castiga a penas de entre 6 meses y 4 años de cárcel a directivos de clubes y árbitros que “"engan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una competición profesional".
No obstante, si el Barça ha pagado 7 millones de euros por servicios inexistentes, se podría haber cometido un delito de administración desleal, que está castigado con hasta 3 años de cárcel a quien se exceda en sus funciones al administrar patrimonio ajeno y causa un "perjuicio patrimonial", en este caso a los socios del Barça.
La Fiscalía, en cualquier caso, deberá examinar las pesquisas y decidir si archiva la causa o bien si ve indicios de delito y presenta denuncia o querella en los juzgados. La investigación se centra en el periodo 2016-2018 (la etapa de Bartomeu) porque los hechos delictivos anteriores, en caso de existir, habrían prescrito debido al tiempo transcurrido.
¿Y qué pasa con su hijo?
Además de los pagos al dirigente arbitral, según parece, existe un segundo bloque de pagos a su hijo, el coach deportivo Javier Enríquez. Aunque consta como administrador de Dasnil desde 2004, los investigadores consideran que el hijo no tenía no tenía un papel relevante en la empresa.
Las facturas las cobraba a través de una sociedad de su propiedad, Soccer Camp. Enríquez Negreira puso en contacto a su hijo con un intermediario vinculado al FC Barcelona que, a cambio de una comisión facilitó que el coach fuera también contratado por el club.
Según han explicado fuentes de la investigación, el Barça no hacía los pagos directamente a Soccer Camp, sino a la empresa ofrecida por el intermediario. Cuyo testimonio podría haber sido relevante, pero el intermediario ha fallecido.
Los pagos al hijo sí se corresponden, siempre según las mismas fuentes, con trabajos efectivamente realizados. Su empresa entregaba semanalmente (o cada vez que el Barça y su filial disputaban partidos) un informe escrito y un vídeo en DVD en el que se analizaba el comportamiento de los árbitros.
Ademas, Enríquez ha entregado a la policía los informes por los que cobró del Barça. En sus declaraciones ante la Fiscalía, directivos del club han confirmado ese extremo. El lunes declaró el expresidente Josep Maria Bartomeu, quien afirmó que el contacto del club era el coach y que ignoraba que hubiese pagos al ex vicepresidente de los árbitros.
Por otro lado, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha abierto un expediente reservado tanto al FC Barcelona como al Comité Técnico de Árbitros para aclarar los hechos y ha anunciado que se personará en los procedimientos judiciales que puedan derivarse de los hechos.
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, criticó que las normas que vigilan los conflictos de intereses "no funcionaron". "Los servicios no se deberían haber prestado nunca (...) Tanto éticamente como estéticamente, estas cosas no pueden ocurrir en el fútbol español", ha dicho Tebas, que no obstante ha descartado la posibilidad de que se impongan sanciones deportivas al Barça puesto que los hechos habrían prescrito. También anunció que se personará como acusación en caso de que la Fiscalía presente querella en los juzgados.
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