Consumo propone una sanción millonaria a Alquiler Seguro por cobros irregulares a inquilinos

La empresa inmobiliaria Alquiler Seguro se enfrenta a una multa de 3,6 millones de euros por vulnerar los derechos de los inquilinos desde 2023.

El departamento encabezado por Pablo Bustinduy ha abierto expediente a la entidad y ha hecho una propuesta de sanción de más de 3 millones por cobros irregulares a los inquilinos.

Según ha argumentado el Ministerio de Consumo, la entidad se habría valido de su posición de dominio de mercado para ejecutar prácticas ilegales.

Todo el caso se inició tras una denuncia de Facua y la OCU en 2023.

Cobros indebidos

Entre las prácticas ilegales que se han confirmado, destacan las siguientes:

• Obligar al inquilino a pagar un seguro de hogar
• Responsabilizar al inquilino de los cargos por reclamaciones judiciales e impagos
• Obligar a contratar un Servicio de Atención al Inquilino
• Incluir una cláusula para autorizar a la agencia a incluirles en ficheros de morosos

Según recoge la ley, estas infracciones están tipificadas como graves. Además, Consumo considera que Alquiler Seguro habría incurrido en varios supuestos considerados agravantes.

Todas ellas son infracciones tipificadas como graves en la Ley para la Defensa de los Consumidores, pues son gastos que corresponden al propietario. El ministerio considera que el comportamiento desplegado por Alquiler Seguro desde, al menos, junio de 2023, habría incurrido en 4 de los 5 requisitos que la ley prevé como agravantes.

En diciembre se confirmará si hay o no sanción

Ahora Alquiler Seguro dispone de un plazo de 15 días para presentar sus alegaciones y antes del 12 de diciembre el Ministerio de Consumo deberá decidir si ratifica o no la propuesta de sanción.

Si finalmente la cartera de Bustinduy valida la multa, será la primera sanción millonaria que los organismos competentes ejecutan sobre una empresa del sector inmobiliario.

Alquiler Seguro es una de las empresas más relevantes del sector, pues en la actualidad cuenta con más de 90.000 inquilinos en sus pisos.

De ratificarse la sanción, se abre también la puerta a que los inquilinos afectados puedan reclamar la devolución de los cobros ilegales.

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