El Gobierno hace un último intento para evitar el cambio de sede de Ferrovial

El Gobierno ha lanzado un último intento para evitar el cambio de sede de Ferrovial con una carta remitida al consejero delegado de la constructora española, Ignacio Madridejos. Allí se explica a la empresa que los análisis económicos no indican que sea necesario trasladar su sede social a Países Bajos para que puedan cotizar directamente en la bolsa de Nueva York, tal y como había anunciado la compañía española a finales de febrero.

El Ministerio de Economía ha indicado que tras el análisis realizado por la CNMV y BME, que han viajado a Estados Unidos (EEUU) y han entrado en contacto con sus contrapartes estadounidenses, no se identifica ningún obstáculo (ni legislativo, reglamentario, supervisor o de operativa) que pueda explicar la decisión tomada para facilitar su salida a bolsa en el mercado estadounidene.

Asimismo, en el escrito se expresa que no existe ninguna diferencia entre países de la Unión Europea (UE) en cuanto a los requisitos de admisión establecidos por la bolsa de EEUU.

La empresa había argumentado que para dar ese salto primero tiene que trasladar su sede social a los Países Bajos, donde solo cuenta con cinco trabajadores, puesto que en España ninguna empresa ha intentando nunca cotizar tanto aquí como en EEUU.

Ningún impedimento

Pero la CNMV no ha encontrado ningún impedimento que haga esto inviable, por lo que Ferrovial podría intentar hacerlo sin tener que abandonar España, aunque también ha admitido que nunca ninguna empresa lo ha intentado.

"No estoy afirmando que sea fácil o inmediato establecer el camino de cotización" por primera vez para una empresa española, ha dicho en el Congreso el presidente de la institución, Rodrigo Buenaventura, quien se ha comprometido a dar "apoyo a cualquier emisor español" para cotizar.

Ante esto, el Gobierno ha pedido a Ferrovial que reconsidere su postura y se ha mostrado abierto a buscar si existe algún obstáculo para que la empresa cotice en la bolsa de Nueva York y, de ser así, hacer todo lo posible para eliminarlo. Además, a solo 3 días para la votación de los accionistas de Ferrovial sobre el traslado, el Gobierno ha pedido que se lo traslade a los accionistas en la Junta General que será el próximo jueves.

Un paso natural a su internacionalización

Fue el pasado 28 de febrero cuando el consejo de administración de la compañía propuso una fusión entre la matriz y Ferrovial International, una sociedad anónima europea neerlandesa que ya era titular del 86% de los activos de la compañía, lo que significará el traslado del domicilio social de España a Países Bajos.

Ferrovial ha defendido que esta operación es un paso natural a su internacionalización. Además ha señalado que responde estrictamente a argumentos empresariales para competir contra los gigantes de las infraestructuras y, con ello, conseguirá una mayor liquidez, un acceso a la financiación en mejores condiciones y una mayor capacidad para atraer inversores desde el extranjero.

En concreto ha sido esto último lo que ha llevado a la empresa a realizar este movimiento, argumentando que el 82% de sus ingresos vienen de fuera de España, que el 90% de su valor en Bolsa también procede del extranjero y que el 93% de los inversores institucionales de la empresa son internacionales.

Además, Ferrovial ha insistido en que ninguna sociedad española cotizada ha negociado nunca sus acciones en los mercados de valores de EEUU de una manera directa, solo a través de ADRs, y que, actualmente, no existe ninguna estructura que habilite esa posibilidad.

El voto de los accionistas

La empresa reveló por sorpresa esta transacción aprovechando la publicación de sus resultados de 2022, y desde ese momento se ha generado una gran polémica a nivel político, ya que se trata de una de las mayores empresas nacionales y cuenta con una gran proyección internacional.

Ferrovial va a celebrar su Junta General el próximo jueves 13, en la que se va a someter a votación la operación de fusión. La operación está condicionada no solo por el posible visto bueno de sus accionistas, sino también a que los posibles derechos de separación que ejerzan aquellos que son contrarios a este traslado no superen los 500 millones de euros.