El pasado mes de noviembre una serie de juristas e intelectuales denunciaron al rey Juan Carlos I por delitos contra la Hacienda Pública, pero la Justicia ha decidido rechazar la demanda.
El Tribunal Supremo ha rechazado ahora esta querella alegando que no se aprecian indicios de delito, están prescritos o no son competencia de Hacienda.
Así lo ha señalado el magistrado Manuel Marchena en su auto, siguiendo el criterio de la Fiscalía, que tampoco apoyaba la querella contra el monarca.
Delitos fiscales
La citada denuncia atribuía al rey emérito 5 delitos fiscales relacionados con rentas y donaciones no declaradas a través de fundaciones como Zagatka y Lucum.
Además señalaron las regularizaciones tributarias que ejecutó el monarca no cumplían los requisitos legales para exonerar la responsabilidad penal y que los delitos no habrían prescrito, recordando que se trataba de hechos agravados por la utilización de estructuras opacas en el extranjero.
El Alto Tribunal no aprecia nueva información para reabrir la causa ya archivada
Pero el juez, al igual que la Fiscalía, ha considerado que estos hechos ya fueron estudiados por Anticorrupción en el pasado y tras su investigación se decidió el archivo de la causa.
Y con la denuncia presentada en noviembre, no se han encontrado pruebas o indicios suficientes para su reapertura.
"En términos jurídicos, nada ha cambiado 3 años después para alzar la razonada y congruente decisión de la Fiscalía y acordar la apertura de un proceso penal", ha sentenciado Marchena.
Ha remarcado que el aceptar la querella, "supondría convertir a los querellantes en entusiastas valedores de unos intereses tributarios que ya han sido satisfechos -así lo ha confirmado la Hacienda Pública-, y hacerlo para la persecución de unos hechos que el Ministerio Fiscal considera que conceptualmente no son ya constitutivos de delito".
Ha insistido en que los argumentos por los cuales se archivó la causa hace años son "razonables y coherentes" con los resultados de la investigación, por lo que enfatiza que "no son constitutivos de delito, están prescritos o fueron regularizados".
La sentencia ha reprochado que los querellantes no han rebatido ninguna de las razones dadas para el archivo y que simplemente solicitan que se repita la investigación.
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