La petrolera española Repsol-YPP anunció inversiones en el país por 3.300 millones de euros, en un momento de extrema tensión con el gobierno nacional, que tiene serias intenciones de intervenir la filial local de la energética. El Ejecutivo argentino parece haber entrado en una política de confrontación exterior, que incluye a otros países como Reino Unido.
Pese a estas declaraciones, el duro enfrentamiento entre la administración de Cristina Fernández de Kirchner y la energética española tuvo ayer un nuevo capítulo cuando la Comisión Nacional de Valores (CNV) declaró "irregulares e ineficaces" las conclusiones y resoluciones que se adoptaron en la reunión de directorio de YPF el pasado 23 de febrero, cuando fue rechazada la presencia de funcionarios del gobierno que acompañaban a Roberto Baratta, el representante por el Estado en la compañía y alto funcionario del ministerio de Planificación. Según Baratta, los funcionarios que lo acompañaban planeaban participar del encuentro en calidad de asesores técnicos.
La CNV requirió a YPF información al respecto, a lo que la firma accedió. Por medio de una carta, explicó que denegó la participación a los citados "a fin de preservar la necesaria reserva y confidencialidad de las deliberaciones y decisiones del directorio, señalando que sólo están habilitados a participar los miembros de éste que han sido elegidos por los accionistas". YPF ofreció, tanto a Baratta como a los funcionarios que lo acompañaban, un encuentro aparte con el presidente de la empresa, Antonio Brufau, y el CEO de YPF, Sebastián Eskenazi, el mismo día de la reunión de directorio, algo que fue rechazado por los primeros, que optaron por retirarse del edificio corporativo de la empresa.
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