El Gobierno podrá cobrar por asistir en el extranjero a aquellos que corran riesgos

Así consta en el anteproyecto de Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado que previsiblemente verá este viernes el Consejo de Ministros. El texto no lo aprobará el Gobierno esta semana, puesto que antes se tiene que solicitar el correspondiente informe al Consejo de Estado.

   "Cuando el Gobierno, en una situación de emergencia consular, decida intervenir en operaciones de asistencia en el extranjero que comporten la utilización de recursos presupuestarios del Estado, podrá exigir el reembolso de la totalidad o parte de los mismos a quienes se hayan expuesto voluntariamente a riesgos" sobre los que Exteriores "informa en sus recomendaciones de viaje", reza el artículo 37 de la norma.

   Una versión anterior del texto hablaba también de "operaciones de rescate" que comportasen "pagos a terceros con cargo a los recursos presupuestarios del Estado".

   La redacción definitiva del texto omite el término 'rescate' y la expresión 'pagos a terceros', para evitar interpretaciones sobre un supuesto reconocimiento implícito por parte del Gobierno de que se pagan rescates para liberar a españoles secuestrados en zonas conflictivas.

   Fuentes del equipo de García-Margallo interpretan que este artículo está pensado para aquellas intervenciones en las que el Estado se moviliza para sacar de un país a españoles a los que haya sorprendido una catástrofe natural o una situación de inestabilidad política, como ocurrió en Tailandia en 2008, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero llegó a enviar hasta tres aviones para repatriar a los turistas españoles.

   En ocasiones, cuando se han fletado aviones para rescatar a turistas porque así lo han exigido, la aeronave ha regresado con plazas libres porque hay quien decide quedarse para agotar las noches de hotel que ya tenía pagadas.

   Del anteproyecto también se ha caído la intención inicial del Ejecutivo de poder vetar la apertura de delegaciones de las Comunidades Autónomas en el exterior cuando éstas incumplieran los objetivos de reducción del déficit.

   Sí incluye la oferta a las autonomías para que puedan integrar sus oficinas dentro de las Embajadas españolas allí donde haya espacio para ello y la posibilidad de que puedan contar con un diplomático a efectos de asesoramiento en sus actividades.

   La norma obligará a las autonomías a informar previamente al Ejecutivo de la apertura de oficinas en el extranjero para su promoción exterior. Hacienda hará un dictamen sobre si esa propuesta se adecúa al principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos, pero este informe no tendrá carácter vinculante, como se pretendía en un principio.

   Las CCAA, así como los órganos constitucionales y entidades de la Administración local, tendrán que informar a Exteriores sobre sus viajes y actuaciones con proyección exterior para que este departamento pueda emitir "recomendaciones" al respecto, indica por otra parte la norma.

   La Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado pretende llenar el vacío existente desde 1978, después de hasta cuatro intentos de legislar en la materia que nunca llegaron a fructificar, entre otras cosas por la falta de apoyo de las formaciones nacionalistas y las peleas competenciales entre los distintos departamentos ministeriales, dificultades que se han vuelto a dar en esta ocasión.