Volverá, pero de momento se retira de las prioridades legislativas del Gobierno, que prefiere aprovechar estos mejores momentos coyunturales para recuperar popularidad en las calles en lugar de seguir perdiendo apoyos ciudadanos. Y es que el controvertido borrador de la Ley de Seguridad ciudadana, que ampliaba y mucho las sanciones a los ciudadanos por manifestarse o realizar protestas, ha provocado esta reacción del jefe del Ejecutivo: retrasar su aprobación en el Consejo de Ministros.
Así es: el Ministerio del Interior no llevará finalmente este viernes al Consejo de Ministros el borrador del anteproyecto de
Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana tal como tenía previsto, según informan las agencias, que citan fuentes de Interior.
Esas mismas han desvinculado este aplazamiento de la polémica tras conocerse algunos detalles como la posibilidad de multar con 600.000 euros las concentraciones no autorizadas ante el Congreso o imponer hasta 30.000 euros a quien insulte a un policía, pero a nadie se le escapa que gran parte de ese motivo lo ha tenido la mala reacción que ha tenido en la ciudadanía conocer las sanciones contempladas.
Desde Interior argumentan que la razón se debe a que los servicios
jurídicos del Ministerio han constatado que aún faltan
algunos flecos
por matizar en este borrador y que sería precipitado que lo aprobase
mañana el Consejo de Ministros, tal y como pretendía el ministro, quien
ha manifestado su deseo de que la norma comenzase su tramitación en el
Congreso antes de final de año. El proyecto, en cambio, sí que fue presentado el pasado miércoles ante
la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios sin que sufriera
grandes modificaciones, según informaron fuentes ministeriales.
El borrador ha provocado reacciones adversas en casi toda la oposición, sobre todo entre los partidos de izquierdas, pero también en colectivos de periodistas como la FAPE o la APM, que consideraron que también los profesionales de la información sentirían una nueva mordaza con esta ley. Pero incluso desde colectivos de las fuerzas de seguridad ha habido quejas. La Unión de Guardias Civiles (UniónGC) cree que este anteproyecto de ley "no da seguridad ni se preocupa por la seguridad", sino que "solo amordaza" y además, en el caso de los guardias civiles, se trata de "una mordaza extra".
"Esta propuesta legal no satisface ni las necesidades de los ciudadanos ni las de los policías y guardias civiles en el desempeño de su cometido", sostiene la UniónGC, que afirma que "no da seguridad ni se preocupa de la seguridad", sino "solo amordaza", recordando el tópico que reza "
esto con Franco ya pasaba".
Sobre este asunto, el diario ABC, aporta esta información bajo el titular: "Doble rasero del PSOE con los derechos", recordando que la ley de Seguridad del PP prevé multas de igual cuantía que la llamada
ley Corcuera de 1992.
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Insultar o amenazar a un agente se sancionará con hasta 30.000 euros 
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