El enfado de Luis, un usuario de la asociación "Activos y Felices", resuena en las colas de cualquier supermercado o banco. “¿No se dan cuenta que dentro de 10 años y en el otro barrio ya no necesitaremos cajeros?”, se pregunta con una mezcla de frustración y humor negro. Y tiene toda la razón. A pesar de la entrada en vigor de la Ley de Accesibilidad 11/2023, la realidad muestra que el compromiso con los más vulnerables es, en el mejor de los casos, un plan a largo plazo que no se ajusta a las necesidades del presente.
La ley, que busca hacer los cajeros más accesibles para personas mayores y con discapacidad, exige mejoras lógicas y necesarias como pantallas con letras más grandes, ajustes de contraste, instrucciones por voz y botones accesibles. Sin embargo, la directiva europea que la sustenta, transpuesta a la normativa española, concede un plazo de gracia desorbitado a la banca: hasta diez años o hasta que los 47.000 cajeros actuales agoten su “vida útil económica”. En la práctica, esto significa que los usuarios de hoy seguirán lidiando con máquinas obsoletas hasta bien entrada la próxima década, si es que tienen la suerte de que no se ralentice aún más el proceso.
Cajeros que cierran puertas
El problema no se limita a la antigüedad de los cajeros. La proliferación de los llamados “cajeros desplazados”, surgidos tras el cierre masivo de sucursales (más de 28.000 desde 2008), ha complicado aún más la situación. Como señala Belen Aren, presidenta de Activos y Felices “no necesitamos máquinas, queremos trato humano, somos de una generación a la que las relaciones entre personas nos ha dado la vida”. Al eliminar el acompañamiento humano, una simple retirada de efectivo se convierte en un laberinto de obstáculos para muchos. La tecnología, que debería ser una herramienta para facilitar, se convierte en una barrera insalvable.
Mientras tanto, la banca frena la inversión, a pesar de que la ley contempla multas de hasta un millón de euros. La actualización de un cajero, un coste de entre 1.500 y 3.000 euros, parece ser un pellizco demasiado grande para un sector que ha demostrado una y otra vez que su rentabilidad está por encima de la atención al cliente.
La Ley de Accesibilidad es, sobre el papel, un gran paso. Pero su efecto real en la calle es prácticamente nulo. La frustración de Luis y de millones de personas mayores es un recordatorio de que la legislación, sin una implementación ágil y con un verdadero compromiso, se queda en papel mojado. Es hora de que los bancos asuman su responsabilidad y de que las autoridades supervisen que los plazos no sean una excusa para la inacción. “Porque cuando la ley finalmente se aplique, puede que muchos de sus destinatarios ya no estemos aquí para disfrutarla, bueno también podemos pensar que es lo que les interesa ya que parece que la próxima generación es más tecnologica” apostilla Aren.
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