El uso de plataformas de venta de artículos de segunda mano se ha disparado en los últimos años. Hasta el punto de que las grandes empresas del retail en España, como Zara, han lanzado portales para revender su ropa o arreglarla.
Y este incremento de las operaciones de compra venta entre particulares no ha pasado desapercibido para Hacienda. Ya que, según los últimos datos publicados por la página de Milanuncios, el mercado de segunda mano en España habría movido un total de 5.200 millones de euros en 2023.
Tal y como explican en este portal, "la subida generalizada de los precios a raíz de la inflación, una mayor conciencia medioambiental del consumidor, sumado al impulso del gasto en artículos de segunda mano tras la Pandemia, ha hecho despegar este sector, ya que hasta un 45% de consumidores afirma vender productos a través de estas plataformas".
Por lo tanto, una de las conclusiones de este estudio es que 6 de cada 10 españoles compran a través de alguna aplicación de segunda mano y que, de estos, un 20% consigue un ahorro mensual de entre 50 y 100 euros: "con este gesto que permite dar nueva vida a los productos, se logra un ahorro de entre un 40% y un 50%".
Los motivos para el aumento de estas transacciones son 2 muy evidentes: "El 67% de los españoles encuentran en el beneficio económico la principal motivación para favorecer la compraventa de segunda mano, seguido del 55% de la población española que admiten vender objetos para deshacerse de ellos debido a su poco uso".
Hacienda le ha echado el ojo a estas ventas
Pero, aunque esta práctica de compra venta de objetos de segunda mano entre particulares pueda parecer inocente, detrás se puede esconder algún tipo de fraude, la evasión de impuestos (como denunciarion hace tiempo los autónomos) o directamente estafas a usuarios.
Debido al aumento de estas prácticas, el próximo 1 de enero de 2024 entrará en vigor la Directiva europea DACC7 2021/514 que apunta a la cooperación entre administraciones para aumentar la eficiencia a la hora de fiscalizar la actividad de ciudadanos y empresas.
La nueva directiva del Consejo Europeo "relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad" se aprobó el pasado marzo de 2021, aunque entrará en vigor el año próximo, y tiene como objetivo "prevenir el fraude fiscal, la evasión tributaria y la elusión de impuestos" mediante la exigencia "a los operadores de plataforma que comuniquen las rentas obtenidas a través de plataformas digitales en una fase inicial, antes de que las autoridades tributarias de los Estados miembros lleven a cabo sus liquidaciones de impuestos anuales".
La principal novedad que introduce esta nueva directiva europea es que obliga a las plataformas de compraventa de productos de segunda mano como Vinted, Wallapop, eBay o Milanuncios (incluso AirBnB) a recoger los datos sobre las operaciones que realizan los usuarios dentro de ellas.
A partir del próximo enero de 2024, todas las aplicaciones estarán obligadas a informar a la Hacienda de sus respectivos países sobre las transacciones que realizan sus usuarios y que provengan del alquiler de inmuebles, de la prestación de servicios personales, la venta de bienes o el alquiler de medios de transportes.
Entre los datos que las plataformas estarán obligadas a comunicar estarán los datos bancarios (número de cuenta o tarjeta vinculada), el dinero que ha obtenido el usuario cada trimestre, el número total de transacciones que se han realizado y las tasas o impuestos que se han cobrado en la venta.
Cuándo compartirán los datos con Hacienda
Tal y como informan desde el portal digital 'Xakata', las aplicaciones transmitirán los datos de sus usuarios a la Hacienda cuando estos sean residentes de la Unión Europea y obtengan más de 2.000 euros por sus ventas en un año natural o realicen más de 30 transacciones.
Respecto a los alquileres de habitaciones en AirBnB, todos los anfitriones verán sus datos compartidos con la Agencia Tributaria si residen dentro de la Unión Europea y sus pagos serán congelados si no aportan la información fiscal necesaria.
Es importante destacar que, más allá de la obligación hacia las plataformas de compartir los datos sobre las transacciones que los usuarios realizan en sus plataformas, no cambiarán las cargas impositivas de cada país, que dependen de las leyes específicas de cada uno de los estados miembros.
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