La ilegalidad "consentida" de los pisos turísticos se perpetúa en un repunte de conflictos

El coto a los más de 14.000 pisos turísticos se ha complicado. Madrid seguirá exigiendo una medida de ineficacia demostrada: requerir el acceso independiente al edificio.

El Ayuntamiento ha desistido de su fórmula para limitarlos y ya no restringirá estos alojamientos a las plantas primera y baja como aspiraba. Se escudan en que sus planes los frena un informe de la Comunidad que pide mantener el modelo de entrada separada y con ello se perpetúa una problemática que se atenuó con la pandemia, pero que vive un repunte en los últimos meses, según los vecinos del distrito Centro.

El Gobierno de Manuela Carmena se propuso eliminar el 95% de la oferta de viviendas de uso turístico introduciendo la obligación de que dispusieran de puertas de acceso, escaleras y ascensores diferenciados de los de la comunidad de vecinos. Sin embargo, fracasó en su intento, pues los propietarios -que no han respondido al contacto de este medio- siguieron operando sin estas condiciones. Ilegalmente, en definitiva. Cs y PP se manifestaron en contra de este sistema y prometieron cambiarlo, pero ahora alegan que los tribunales lo avalan y que el Gobierno regional les pide conservarlo.

La FRAVM les reclama más contundencia en la aplicación de la normativa: "Si los pisos turísticos sin entrada independiente están abiertos es porque el Ayuntamiento lo consiente", sentencia el responsable de Urbanismo, Vicente Pérez. La Asociación de Vecinos Cavas-La Latina ha presentado cientos de denuncias con nombres y apellidos de los titulares, pero "no se ha cerrado prácticamente ningún piso", afea su presidente, Saturnino Vera. "No dan respuesta", agrega Víctor Rey, de la AV Sol-Barrio de las Letras, quien apunta que "no hay interés político en sulucionar el conflicto". Señala responsables: "La presión de los lobbies del área que maneja Villacís".

Inspecciones insuficientes

La materia es competencia de la Comunidad de Madrid, que es quien concede los permisos oficiales para ejercer como vivienda de uso turístico. Así, es el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso el que debe comprobar que funcionan acorde a la legalidad. Este medio le ha solicitado datos de cuántas inspecciones han realizado en los últimos meses, pero no los ha obtenido. Sí aporta los suyos la Concejalía de Desarrollo Urbano, también con capacidad para revisar los inmuebles y para abrir expedientes de cese. Según trasladan, entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de febrero de 2022 la Agencia de Actividades inspeccionó un total de 306 bloques, contabilizando en ellos 6.951 viviendas de las cuales 625 se dedicaban al hospedaje. Se dictaron 592 órdenes de clausura.

Concede Vicente Pérez que técnicos de la Comunidad y el Consistorio están realizando estos controles in situ, "pero lentos". "Los equipos son pequeños, no tienen medios suficientes y no pueden con esta tarea", reprueba. "No poner recursos para controlarlo significa consentir esta actividad", añade Saturnino Vera. El área que lidera Mariano Fuentes discrepa: "Hemos empezado a interponer multas coercitivas a quienes incumplan sucesivas órdenes de cese y pedimos a los tribunales que los clausuren, pero hasta ahí llegamos".

Desde Desarrollo Urbano explican, además, las trabas a las que se enfrentan, empezando por la habitual oposición de propietarios e inquilinos a abrir la puerta del piso turístico que van a revisar. Superado este paso y conseguido el cese de la actividad, muchos dueños retoman el negocio a los pocos meses "y hay que iniciar todo el proceso de nuevo". En casos concretos, como el de la calle Príncipe, donde el Gobierno municipal precintó 39 viviendas, la Justicia decretó la suspensión de esta orden. "Nos dicen que no podemos clausurar porque es vivienda particular", exponen.

Aumento de las molestias

Con todo, esto no ofrece ninguna solución a miles de madrileños que conviven con viajeros que no respetan ni la convivencia vecinal ni la propiedad. El descenso del turismo asociado a la crisis del Covid les permitió un respiro, pero cuando Madrid relajó las medidas sanitarias la ciudad se llenó de europeos ansiosos de fiesta que protagonizaron "cosas muy graves" que tuvieron como epicentro los pisos turísticos, recuerda el responsable de Urbanismo de la Fravm.

En la actualidad, con el turismo en niveles casi pre-pandemia, vuelven las molestias. El presidente de la AV Sol-Barrio de Las Letras asegura que en los últimos dos o tres meses se ha notado un repunte de la actividad en las viviendas de uso turístico y "con ella de los conflictos". Este lunes, cuenta, un vecino le comentó que unos inquilinos "se han cargado" el ascensor del bloque por exceso de peso de las maletas.

En esta línea, el presidente la asociación Cavas-La Latina, afirma que los gastos de las comunidades de vecinos "se han incrementado una barbaridad". Arreglo de elevadores, cambios de cerraduras o limpieza de escaleras más frecuente. La presencia de turistas repercute en el bolsillo de los residentes. "Va mucho más allá del ruido de una fiesta de chavales o de una despedida de soltero", indica Saturnino Vera.

La restricción que anunció el Ayuntamiento el pasado verano y que finalmente no ejecutará, autorizar estos hospedajes solo en plantas baja y primera, "era mejor que la barra libre de ahora", sostiene el representante vecinal. No obstante, no les convencía del todo, pues ya habían denunciado antes del estallido de la pandemia que 300 locales en bajos se habían convertido en pisos en Lavapiés. Tampoco le auguraba la asociación Sol-Barrio de las Letras un gran éxito, pero "en principio nos parecía razonable porque limitaba mucho el volumen y podía ser una medida de contención". No se comprobará.