España se juega una multa de 2.000 millones si no le 'salen las cuentas'

El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha dicho que espera que las nuevas sanciones puedan empezar ya a aplicarse a principios de 2012 y se ha comprometido a actuar con firmeza contra los países incumplidores para prevenir futuras crisis de deuda.

   La Eurocámara, que aprobó la reforma el pasado 28 de septiembre, ha logrado durante las negociaciones que la apertura del proceso sancionador contra los países incumplidores sea más automático, siguiendo la propuesta de la Comisión, y deje menos margen de maniobra política a los ministros de Economía de la UE. Se trata de evitar lo ocurrido en 2003, cuando Alemania y Francia frenaron las sanciones que reclamaba el Ejecutivo comunitario y dinamitaron el Pacto de Estabilidad.

   Así, los expedientes contra los Estados miembros que no respeten los objetivos de estabilidad presupuestaria se lanzarán de forma automática, a propuesta de Bruselas, salvo que una mayoría simple de países (es decir, 9 de los 17) se oponga. El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, ha admitido que este mecanismo supone una mejora importante respecto a las pretensiones de los Gobiernos.

   Una vez iniciado el expediente sancionador, las siguientes fases sí serán prácticamente automáticas, ya que se necesitará una mayoría cualificada de Estados miembros para tumbar las propuestas de multa de la Comisión.

   Las nuevas sanciones se activarán en una fase temprana para prevenir que los problemas se agraven. Si un país no realiza los ajustes necesarios para acercarse al equilibrio presupuestario, la UE le obligará a bloquear un depósito generador de intereses del 0,2% de su PIB. Cuando se sobrepase el 3% de déficit se le retendrán los intereses, y el depósito se transformará en una multa si el Gobierno afectado no ha tomado las medidas exigidas para corregir el déficit.

   Aparte de endurecer el procedimiento por déficit excesivo, la norma crea un nuevo expediente sancionador por desequilibrios excesivos, que se traducirá en multas de hasta el 0,1% del PIB (en el caso de España, 1.000 millones de euros) para los países de la eurozona que no adopten las medidas recomendadas para frenar su pérdida de competitividad, por ejemplo para los que no eviten la aparición de burbujas inmobiliarias.

   En virtud del acuerdo entre Parlamento y Gobiernos, también queda claro que la Comisión Europea tendrá capacidad para supervisar a países como Alemania y Países Bajos que tienen un superávit por cuenta corriente excesivo.

   Además, la Eurocámara podrá "invitar" a los ministros de Economía de los países sujetos a recomendaciones de Bruselas para que comparezcan ante ella, pero en todo caso no estarán obligados.