El Gobierno se plantea usar el ICO para financiar los despilfarros de autonomías y ayuntamientos

Una fórmula, según las fuentes consultadas, sería que el ICO financiase 30.000 millones de facturas de proveedores de corporaciones locales con la garantía del Estado pero sin contar, de momento, como déficit público ni formar parte de la deuda pública de España. Los ayuntamientos pasarían a ser deudores del ICO que les cobraría por las facturas que les debe un tipo de interés inferior al de mercado para los municipios y suficiente para mantener su cuenta de resultados en beneficios. Este banco público ganó en 2010 un total de 36,5 millones de euros y eso no peligraría. Los municipios se verían liberados de tener que desembolsar el total de las facturas que deben, cuyo importe sería devuelto en un plazo de probablemente 20 años y, según las fuentes consultadas, contarían con un plazo de carencia para no tener que devolver nada durante cinco a diez años. El Gobierno podría ir incluso un paso más allá, extendiendo esta fórmula a las comunidades autónomas, para evitar casos como el de la Comunidad Valenciana, cuando evitó in extremis a finales de diciembre el vencimiento de un crédito contraído con el Deutsche Bank garantizando su devolución.



También la usó el PSOE

La idea no es nueva. En 1983, con un Gobierno socialista recién llegado a los ministerios, tuvo que aprobar una ley, la 24/1983, denominada de Medidas de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales, en la que ya se decía en su preámbulo que "la crónica situación deficitaria de las Corporaciones Locales es una de las cuestiones más preocupantes en el panorama político español y que más reiteradamente se ha intentado resolver en los últimos años". La afirmación sería perfectamente trasladable a la actualidad y la solución que entonces se inventó fue reconocer "el deficiente sistema de financiación local" y prometer una próxima ley de financiación de entidades locales.En la segunda legislatura socialista, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales fijó las bases para que los ayuntamientos fueran financieramente autónomos, gracias a la venta de suelos, e ingresos provenientes de la edificación vía impuestos. El Estado asumió, con cargo a su déficit el agujero presupuestario real de los ayuntamientos a 31 de diciembre de 1982 y el 50% de la carga financiera de los créditos que la banca pública les había concedido para seguir funcionando.

Pero hay un problema añadido: los ayuntamientos están estrangulados económicamente porque se les ha caído su principal fuente de ingresos, que era la especulación y venta de terrenos que se quedaban como cuota municipal de los suelos urbanizados. Ahora han pedido incluso que se les amplíe de siete a diez años el plazo para pagar al Estado los 5.900 millones de euros que han recibido de más en la asignación que tienen por la participación de los ingresos estatales del IRPF, ya que Hacienda les paga por adelantado una previsión que debido a la crisis no se ha cumplido, ya que la recaudación estatal del IRPF no ha crecido como se preveía.

En la página 161 de su programa, dentro de un capítulo dedicado a "Los Ayuntamientos del Siglo XXI", en su punto primero, dice textualmente que "aprobaremos una nueva ley básica del gobierno y administración local que, partiendo del pleno respeto a la autonomía de los entes locales, atribuya con mayor precisión las competencias de estas administraciones y les dote de instrumentos más adecuados para la gestión. Impulsaremos su tramitación conjunta con el nuevo modelo de financiación local".


Límites de gasto

Estos límites de gasto tendrán que ajustarse a la regla adaptada de la normativa europea que el Gobierno incluirá en la Ley, con la que se pretende imponer una serie de normas a las comunidades para que no incumplan sus objetivos de déficit.

Una vez fijado el techo de gasto, cada comunidad podrá elaborar libremente sus presupuestos y decidir a qué dedica cada partida. Si luego hay desviaciones, entrarán en juego mecanismos correctores para reorientar los objetivos y la implementación de sanciones si es necesario.

Los mecanismos correctores pueden concretarse en reducciones mínimas y obligatorias referenciadas al PIB en los presupuestos de las administraciones responsables. Las sanciones, por su parte, tendrán en cuenta los criterios de reincidencia y gravedad, aunque no se conoce el tipo de "castigo" por el que finalmente optará el Gobierno.

De hecho, Montoro dijo la pasada semana que una de las opciones es limitar los anticipos que el Gobierno central concede a las comunidades autónomas, tal y como contempla el reglamento europeo, aunque tampoco quiso especificar el método del Gobierno.

La misma ley obligará a todas las administraciones a presentar equilibrio presupuestario o superávit al finalizar el periodo transitorio que marca la reforma de la Constitución (a partir del año 2020), de forma que el déficit estructural no podrá superar el 0,4% del PIB y la deuda no podrá superar el 60% del PIB regional, salvo en situaciones excepcionales.

Estas son las principales líneas del anteproyecto de Ley que el Gobierno llevará mañana al CPFF y después a la Comisión Nacional de Administración Local para buscar el máximo acuerdo y consenso entre todas las administraciones.

Con la futura Ley, el Gobierno persigue tres objetivos: garantizar la sostenibilidad de todas las administraciones, fortalecer la confianza en las posibilidades de España y cumplir los compromisos que se han asumido con Bruselas y que se tendrán que asumir.

De hecho, el Ejecutivo ha incluido el concepto "sostenibilidad" en el nombre de la Ley, porque se trata de una norma que tiene que buscar medidas a medio y largo plazo y no solo responder a una situación coyuntural.


Acuerdos importantes

El Gobierno ya se ha reunido con las comunidades gobernadas por el PP y ha hablado con el resto de administraciones para analizar la reunión del martes, en la que también se abordará la posible implementación de soluciones a problemas puntuales de liquidez y la reducción del sector público.

Asimismo, el Gobierno ampliará de cinco a diez años el plazo con el que cuentas las comunidades autónomas para devolver al Estado los anticipos a cuenta pendientes.

Con todo, el Ejecutivo ha trasladado su intención de llegar a acuerdos importantes que permitirán volver a la senda de crecimiento económico porque la reducción del déficit debe ser una tarea compartida por todas las administraciones públicas.