2012: La obsesión por el déficit fulmina las promesas del Gobierno

 Con una imponente deuda externa de casi un billón de euros, una prima de riesgo que ronda los 400 puntos básicos y un déficit público desbocado, España parecía abocada al rescate total durante este año. Así las cosas, en julio el Banco Central Europeo habilitó un mecanismo de compra de deuda sin detallar la condicionalidad y sujeto a la petición de los países afectados. El Gobierno ha jugado durante meses con esa baza con la esperanza de que la sóla amenaza de intervención del BCE calmara a los especuladores. En su última comparecencia, el pasado viernes, el propio presidente Rajoy ha seguido manteniendo la duda de cara a 2013.

Pero el 9 de junio de 2012 el ministro de Economía, Luis de Guindos, sí que anunció la solicitud a la Unión Europea de un crédito para sanear el sector financiero. El detonante fue la petición de más de 20.000 millones por parte de Bankia. Una entidad que fue dirigida por Rodrigo Rato, ex ministro de Economía y ex director del FMI, cuya salida del banco forzó el propio Gobierno.
 
Tanto De Guindos como Mariano Rajoy evitaron la palabra rescate y optaron por un término más suave, ayuda, negando que se hubieran impuesto condiciones y rechazando que la inyección de dinero pudiera repercutir directamente sobre el déficit. Una vez constatado que la recapitalización bancaria directa no será aplicable a España, los 40.000 millones que finalmente el Gobierno ha decidido solicitar al MEDE computarán como deuda del Estado y afectarán al déficit.
 

El drama del paro
 
Todo esto ocurre mientras España alcanza los 5,7 millones de parados, que serán 6 millones en 2013 según avanzan todas las previsiones, sin que la reforma laboral haya echado el freno a la escalada, tal y como prometía el Gobierno cuando la alumbró el pasado 10 de febrero.
 
Fue la reforma más sonada y provocó una contestación inmediata de los sindicatos, que convocaron huelga el 29 de marzo. La reforma laboral facilita los despidos baratos, los 20 días por año trabajado, porque abre la mano con las causas que incluyen la mera previsión de pérdidas empresariales.
 
El balance del año se cierra con 800 mil parados más, el 52% de los jóvenes en paro y con el número de ERE disparándose. Además, los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo porque sus salarios apenas crecen mientras la inflación ha sobrepasado el 3% durante buena parte del año.
 

Subida de impuestos
 
Pero lo que más ha dolido al Gobierno, en palabras del presidente y de algunos ministros, ha sido la subida de impuestos. La primera fue la del IRPF. El 30 de diciembre de 2011, el Gobierno aprobó "un recargo complementario y temporal" de dos años en rentas de trabajo y "especialmente" de capital en el IRPF, así como el alza del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y la supresión de las bonificaciones al gasóleo profesional, con lo que esperaba ingresar más de 6.000 millones. Las previsiones no se cumplieron - hasta noviembre había supuesto 3.389 millones- y aunque la medida corresponde por la fecha al relato del año anterior, puede decirse que fue el pistoletazo de salida de una serie de incumplimientos a sus promesas electorales.
 
Más tarde llegó una dura subida del IVA, desde el 18% al 21% en el tipo general y del 8% al 10% en el tipo reducido. Una medida casi impuesta por Bruselas tras el rescate bancario. Además, el presidente presentó ese día en las Cortes un paquete que incluía la supresión de una paga extra a los funcionarios, el recorte del seguro de paro a los nuevos desempleados, reducción del número de concejales y limitación del sueldo de los alcaldes, subida del tabaco y creación de un impuesto verde, y el recorte de subvenciones a partidos políticos y sindicatos.

A principios de abril, el Gobierno presentó los Presupuestos Generales del Estado para 2012 con otro ajuste de 27.300 millones. Más de una tercera parte del tijeretazo, unos 10.000 millones, iba dirigido a la Sanidad y la Educación. Rápidamente el recorte se tradujo en despidos y privatizaciones y surgieron las mareas: la blanca, en defensa de la Sanidad pública, y la verde, en apoyo de la Educación pública, han sido las más activas.

En cuanto a las pensiones, se han cumplido los peores augurios. Con el dato de la inflación de noviembre en la mano, el 2,9%, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció a principios de diciembre que solo se revalorizarían un 1%, en términos generales, y un 2% en el caso de las de menor cuantía. La incógnita sobre lo que iba a ocurrir con las pensiones se mantuvo también hasta el último minuto. Durante meses, el Gobierno evitó precisar si las iba a revalorizar o no.


Amnistía fiscal y desahucios

El 31 de marzo, Rajoy sacaba adelante una amnistía fiscal para aflorar hasta 25.000 millones de euros defraudados a Hacienda. El propósito era perdonar los impuestos y las multas y recaudar solo el 10% de ese capital blanqueado, 2.500 millones. Al final, una vez hecho el balance de la campaña, no se ha conseguido recaudar ni siquiera la mitad de esa cantidad, unos 1.200 millones.
 
El contraste de esta situación se refleja en los desahucios, una de las manifestaciones más dramáticas de la crisis que afecta a las familias que se quedan en la calle por no poder hacer frente al pago de la hipoteca de su vivienda habitual. El incremento de los desahucios en los últimos años en España ha sido exponencial, hasta situarse en más de 400.000 si contamos desde 2008. Este año, los procedimientos de desalojo de viviendas, locales o fincas, presentados en los juzgados hasta septiembre ascendieron a 49.700, el récord desde que se difunden estos datos y un 16% más que los registrados en el mismo periodo de 2011.


Planes de pago
 
Ante la falta de liquidez de las administraciones, el Ejecutivo puso en marcha un plan de pago a proveedores. Un total de 177 mil proveedores se han beneficiado del pago de las facturas que los municipios tienen pendientes con ellos. 4.622 entidades locales se han acogido a este programa de créditos para hacer frente a esas deudas. Todas estas corporaciones, algo más de la mitad de los ayuntamientos españoles, presentaron casi dos millones de facturas pendientes de cobro por un importe de 9.584 millones.
 
Para rescatar a las comunidades autónomas en apuros que tienen los mercados cerrados y que no pueden hacer frente a gastos corrientes el Gobierno ha aprobado el FLA. Un fondo de 18.000 millones de euros que han solicitado Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Castilla La Mancha, Canarias, Andalucía, Asturias, Islas Baleares y Cantabria. En 2013 Hacienda ya ha anunciado otro nuevo paquete de 30.000 millones de euros.
 
La única alegría que arrojan las cuentas de nuestra economía es el aumento récord de las exportaciones y la reducción del déficit comercial a niveles de hace una década. Ante la falta de clientes y la caída de ventas en España, las empresas miran hacia el exterior y conquistan nuevos mercados. Nuestras exportaciones alcanzan récords históricos, superando los 200.000 millones de euros en 2012.