Claves de la reforma energética

¿Cuál es el objetivo de la reforma?

El objetivo es atajar el déficit de tarifa, el desajuste entre los costes regulados y los ingresos del sistema eléctrico, que ya supera los 26.000 millones. Un agujero que lastra las cuentas de las empresas eléctricas, obligadas a soportarlo en sus balances, y que puede convertise en un problema financiero para España, como advirtió José Manuel Soria, el ministro de Industria, Energía y Comercio. Los costes regulados, que son aproximadamente la mitad de la factura, incluyen los pagos a la distribución, el transporte, las primas al régimen especial y otros costes como la amortización del déficit de tarifa acumulado. La otra mitad de la factura (el coste de la generación de energía) se fija en una subasta que tiene lugar cada tres meses en el mercado.

A pesar de las medidas tomadas en los últimos años para frenar este desequilibrio, el sistema tiene un déficit estructural en torno a los 4.500 millones de euros, la cifra que hoy ha pretendido cubrir el Gobierno. El déficit de tarifa comenzó a generarse en el año 2000 y se disparó desde 2005, cuando los costes comenzaron a crecer a mucha más velocidad que los ingresos.

¿Cómo afecta a los consumidores?

La reforma energética supone un incremento del 3,2% de la factura de la luz a partir del mes de agosto. Esto se debe a que el Gobierno ha subido los peajes de acceso (la parte regulada de la tarifa, que supone casi el 50% de la factura) un 6,5%. El objetivo es recaudar 900 millones. No obstante, la factura estará a expensas de nuevas subidas o bajadas, cuando se decida el precio de la generación de electricidad en la subasta trimestral.

Una subida de la luz que se une a la que ya tuvo lugar en julio (un 1,2%) y en enero (3%), a pesar de que el recibo cayó un 6,7% en el mes de abril, fecha en la que el Gobierno congeló los costes regulados y que fue la primera vez que el recibo cayó desde que existe la tarifa regulada, a la que se acogen los consumidores domésticos que no quieren acudir al mercado, que son en la práctica la mayoría de los hogares.

¿Qué recorte se llevan las empresas?

Industria ha aprobado un recorte de 2.700 millones de euros que se reparten entre las empresas eléctricas tradicionales y las que generan energía renovable. A las primeras, el ajuste les ha caído con un recorte de los pagos que reciben por distribuir la luz y que también recae sobre Red Eléctrica Española por las redes de transporte. Esta recaudación será más de 1.000 millones de euros.

Por otro lado, el recorte a las empresas renovables (en torno a 1.500 millones) se articula mediante un cambio en su sistema de retribución: desaparece el mecanismo de primas. A cambio se garantiza una rentabilidad «razonable», basada en los bonos del Tesoro a 10 años, más un 3%. Esto equivale a una rentabilidad del 7,5%. Se trata de una rentabilidad media para un periodo de 25 años (desde 2001 a 2026) de modo que quienes haya tenido rentabilidades muy elevadas en los años pasados luego recibirán menos.

¿Cuántos costes asume Hacienda?

Los Presupuestos Generales del Estado asumen la cantidad restante para intentar acabar con el déficit eléctrico. Es decir, unos 900 millones de euros. Sin embargo, esta cantidad se asumirá en función de la ejecución presupuestaria del año; o lo que es igual, si el cumplimiento del déficit público (del 6,5%) deja margen. En caso contrario, algo bastante probable, este año volverá a generarse déficit de tarifa (salvo que se compense con nuevas subidas de la luz). El plan de Industria era que Hacienda cargase con hasta 1.800 millones por los costes extrapeninsulares (los sobrecostes por generar energía en las islas), pero el departamento de Montoro se opuso. Esta ha sido la razón principal que ha ido retrasando la esperada reforma en los últimos meses.

El Gobierno ha tomado otras medidas como la hibernación de algunas centrales de ciclo combinado, que estaban siendo utilizadas solo al 10% por la entrada de las energías renovables; o la limitación de las rentas que podrán acogerse al bono social.


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