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La Comisión investiga las ayudas a la banca en España y Guindos defiende su legalidad

La Comisión investiga las ayudas a la banca en España y Guindos defiende su legalidad

martes 07 de abril de 2015, 16:48h
La Comisión Europea (CE) investiga posibles ayudas ilegales a la banca en España, Grecia, Portugal e Italia, que podría terminar en la apertura de una investigación formal, informó el Ejecutivo comunitario. Unas primeras pesquisas a las que el Ministerio de Economía ya ha restado importancia al defender su legalidad.
La Comisión ha enviado sendas cartas solicitando información y estudia ya la que está recibiendo de las autoridades nacionales, explicó un portavoz.  La CE estudia si la banca de los cuatro países utilizó para reforzar su capital activos en diferido, que no son considerados de "alta calidad" por el Banco Central Europeo (BCE), y la posible incompatibilidad de ello con la normativa de ayudas de Estado.

El mismo portavoz explicó que el proceso de evaluación de la información recibida "llevará aún algún tiempo" y reiteró que "todavía no hay abierta una investigación formal".

Los cuatro países tienen más de 40.000 millones de euros en activos por impuestos diferidos como capital básico en sus sistemas bancarios, lo que convertiría a los Estados implicados en avalistas si las entidades quebraran, según publicó el diario británico Financial Times. Según fuentes europeas, el Ejecutivo comunitario comenzó a pedir información a los países tras las advertencias recibidas por parte "del sector, así como de varios eurodiputados".

Economía defiende las ayudas

Por su parte, el Ministerio de Economía ha descartado que las garantías concedidas por España a los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) de la banca con el fin de que computen como capital de máxima calidad constituyan ayudas públicas ilegales, informaron fuentes del departamento que encabeza Luis de Guindos.

Las mismas fuentes explicaron que estas garantías no pueden considerarse como ayudas de Estado a la banca al no tratarse de un mecanismo discriminatorio, ya que cualquier empresa puede hacer uso de esta prerrogativa.

Además, hicieron hincapié en que casi todos los países miembros de la UE disponen de garantías similares sobre los créditos fiscales diferidos. En cuanto a la carta administrativa remitida por Bruselas al Gobierno español -al igual que a los de Italia, Chipre, Grecia y Portugal- para recabar información al respecto, fuentes de Economía la calificaron como un mero cuestionario que no prejuzga ninguna conclusión.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó a finales de 2013 una reforma legal para convertir 30.000 millones de esos activos en créditos fiscales. Éstos, al contar con el aval del Estado, pueden seguir computando como capital de máxima calidad. Con ello completó la reestructuración del sector bancario y facilitó que pasara los exámenes del Banco Central Europeo.

En aquel momento, en el que España estaba sometida a vigilancia por el rescate bancario, la Comisión avaló públicamente la reforma por considerar que "es compatible con el memorándum de entendimiento del programa de asistencia al sector financiero español" y "es en principio compatible con la legislación de la UE, siempre que no constituya una ayuda pública".

Los activos fiscales diferidos consisten en apuntar como un activo en el balance del banco los ahorros en impuestos por tener pérdidas, aunque este ahorro sólo puede materializarse cuando la entidad vuelve beneficios. La normativa europea e internacional establece que ya no puede considerarse capital de máxima calidad y que debe dejar de contabilizarse progresivamente de aquí a 2019, según explica Bruselas.


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