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prisión permanente revisable

El Consejo de Ministros ha aprobado modificar el Código Penal para ampliar los supuestos delictivos a los que se aplica la pena de prisión permanente revisable. A pesar de la polémica que suscita esta pena, el Gobierno ha decidido sumar 5 delitos a los ya establecidos, de forma que asciende a 13 la cifra de supuestos contemplados. Los nuevos delitos a los que se podrá aplicar esta pena son: asesinato cuando se impida u obstruya la recuperación del cadáver a los familiares, asesinato después de secuestro, violaciones en serie, violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle y muertes en incendios, estragos (destrucción de grandes infraestructuras) o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.

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Mientras la Comisión de Justicia del Congreso tramita una ley para la derogación de la prisión permanente revisable, el Gobierno abandera esta condena, pidiendo incluso ampliar los delitos que podrían castigarse con ella, para diferenciarse de la oposición y especialmente de Ciudadanos.

Ciudadanos apuesta por "endurecer el acceso a beneficios penitenciarios", en referencia al tercer grado penintenciario, cuando se hayan cometido delitos como en el caso de Diana Quer. En nuestro país, se puede solicitar el tercer grado una vez que se ha cumplido el 50% de la condena. Para el vicesecretario general de C's, José Manuel Villegas, "la prisión permanente revisable tiene varios problemas: ha sido objeto de enfrentamiento político, está recurrida ante el Constitucional, y ese carácter revisable pueden permitir decisiones que hagan que se cumplan pocos años de prisión". Matizando que se trata de una medida a aplicar ante determinados delitos o delincuentes, Villegas ha señalado que su partido propone "el cumplimiento íntegro o bien elevar el 50% de la pena para tener acceso al tercer grado", ya que "hay margen para endurecer aún más ese acceso".

Todos los grupos parlamentarios de la oposición se unirán este martes en el Congreso para suscribir un recurso de inconstitucionalidad que ha preparado el PSOE contra la prisión permanente revisable que contempla el nuevo Código Penal, informaron fuentes parlamentarias.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) considera que la prisión permanente revisable, aprobada ayer en el Congreso de los Diputados durante la tramitación de la modificación del Código Penal, es inconstitucional.
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Este fin de semana ya hemos visto cómo el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del próximo viernes un proyecto de ley para "mejorar y ampliar" la prisión permanente revisable. Lo hace para evitar que, de nuevo, Ciudadanos le adelante por la derecha en una medida populista que cala en la sociedad con facilidad aprovechando el drama de algunos delitos execrables, como el reciente resuelto de Diana Quer.

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Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, ha impulsado una iniciativa con otros familiares de desaparecidos para solicitar al Congreso de los Diputados que no derogue la prisión permanente revisable. Cerca de medio millón de personas les han dado ya su apoyo.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso presentados contra la prisión permanente revisable, incluída en la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado día 1 de julio. Acepta, además, pronunciarse sobre un recurso presentado por el Parlamento catalán contra la Ley de Seguridad Ciudadana.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará mañana la reforma del Código Penal que introduce en España la prisión permanente revisable y que prevé también un endurecimiento de penas para delitos relacionados con el terrorismo yihadista, fruto del pacto sellado el pasado 2 de febrero en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

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La oposición parlamentaria ha tachado el nuevo Código Penal como una "chapuza" por introducir "la cadena perpetua" a través de la figura de la prisión permanente revisable, si bien el PP ha defendido la constitucionalidad de esta medida al recordar que ha sido avalada por los órganos consultivos del Estado.