Las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian la actitud del Gobierno ante la negociación para la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
La patronal critica duramente que el Ejecutivo haya filtrado a los medios de comunicación una nueva propuesta de incentivos fiscales antes de presentarla formalmente en la mesa de negociación.
Ambas patronales lo consideran una "falta de respeto" y una sustitución de la concertación social por la "política del anuncio".
"Fórmulas trileras"
Respecto al contenido del planteamiento gubernamental, las patronales han calificado las medidas de "fórmulas trileras". Según su análisis, estos incentivos fiscales no compensan los costes reales que supondría la subida del SMI para las empresas.
Además, lamentan que esta propuesta parezca sustituir definitivamente la indexación de los contratos públicos, una reivindicación histórica del sector empresarial para ajustar los precios de las licitaciones a los incrementos de los costes laborales.
La CEOE y CEPYME sostienen que la medida es "puro intervencionismo" y supone una injerencia en la libertad de empresa y en la negociación colectiva.
Por el momento, el Comité Ejecutivo de la CEOE ha anunciado que postergará su valoración técnica definitiva hasta que el Gobierno haga entrega de toda la documentación necesaria para analizar los detalles del incentivo.
Exclusión de autónomos y empresas en pérdidas
Uno de los puntos más controvertidos para las organizaciones empresariales es el alcance de la propuesta. Según el comunicado, las fórmulas planteadas por el Ejecutivo dejan fuera a los autónomos y a la gran mayoría de las empresas de todos los sectores.
Especialmente "insólita" les parece la exclusión de las empresas en pérdidas, las cooperativas y las entidades sin ánimo de lucro, que son precisamente los colectivos que mayor dificultad tienen para absorber los incrementos salariales.
Las patronales argumentan que el Gobierno ha actuado "de espaldas" a lo acordado previamente por los interlocutores sociales en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Consideran que se están estableciendo condiciones inalcanzables para el tejido productivo español y exigen que se recupere el espíritu del artículo 7 de la Constitución, que ampara la concertación social como pilar de la economía y la sociedad.
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