Las cocinas fantasma proliferaron en Madrid en pandemia sin un marco regulatorio claro que les pusiera freno. Crecieron en paralelo al aumento de la demanda de comida a domicilio y allí donde se asentaron, dispersas por los distritos de Tetuán, Chamartín y Arganzuela, agitaron la convivencia vecinal por los olores y ruidos que desprenden y por los perjuicios a la movilidad que acarrea el trasiego de repartidores. Los afectados han judicializado los problemas ligados a las 'dark kitchens' y, mientras la Justicia resuelve los casos, el Ayuntamiento aprueba este lunes una actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que recoge la primera normativa que restringe esta actividad. El reglamento endurece los requisitos para conceder nuevas licencias a estos negocios, pero no aplica con efecto retroactivo, por lo que no soluciona los conflictos ya activos.
El Partido Popular estrenará su mayoría absoluta para dar luz verde en el Pleno a una normativa que en tres años de tramitación no ha conseguido el consenso del resto de grupos políticos. Vox validó los primeros compases del proceso, pero después se alineó con la izquierda en su rechazo. Si Más Madrid y PSOE condicionaban su voto favorable a la prohibición de las cocinas industriales en zonas residenciales o, al menos, a alejarlas de centros educativos y sanitarios con un horario de funcionamiento reducido, los de Javier Ortega Smith se negaron a apoyarlas por "estar cargadas de ideología de genero y de su nueva religión, la Agenda 2030". En abril se produjo un conato de negociación entre PP y Vox, pero quedó frustrado cuando los pupilos de Santiago Abascal aprovecharon la reunión con el alcalde con fines electorales y cuando este les transmitió que no podían modificar ni una coma del documento sin que esto supusiese un retraso en la aprobación, un extremo que no contemplaban.
Tras la contundente victoria de José Luis Martínez-Almeida en los comicios del 28-M, el regidor encargó al nuevo delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, rematar el trabajo realizado por su predecesor, Mariano Fuentes, y el Partido Popular se servirá de su mayoría en Cibeles para otorgar el ok definitivo al expediente. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm) y la Plataforma de Afectados por las Cocinas Fantasma, que representa a residentes en las calles Zabaleta (con 38 multicocinas), José Calvo (21), Paseo Imperial (8), Paseo de los Melancólicos (6), San Bernardino (6) o Araucaria, afean al Gobierno municipal no adoptar medidas contra las multicocinas ya operativas y alertan de la “barra libre de cocinas fantasma” a la que podrían dar lugar si la Comunidad de Madrid no ratifica la nueva normativa antes de que el 16 de agosto termine la moratoria por la que el Ayuntamiento no ha adjudicado nuevas licencias desde mediados de 2021.
Requisitos de las nuevas cocinas industriales
Con la entrada en vigor del nuevo reglamento, el Consistorio madrileño negará licencias a nuevas cocinas industriales ubicadas en entornos residenciales cuyo local supere una superficie máxima de 350 metros cuadrados. Además, en un único establecimiento no podrán instalarse más de ocho cocinas. El Ayuntamiento obligará asimismo a los titulares a habilitar dentro de la instalación un espacio para carga y descarga. De esta forma, los camiones y furgonetas de suministro deberán bajar la mercancía en el interior y no en la vía pública. Lo mismo ocurrirá con los ‘riders’, a quienes se exigirá que entren con sus motos o bicicletas a recoger los pedidos.
Estas limitaciones habrían impedido la apertura de la mayoría de cocinas fantasma actuales, reconocen en Cibeles, pero cuando nació esta tipología de negocio el Ejecutivo no contaba con herramientas normativas para vetarlas. Ahora, gracias a la reforma puntual del PGOU, acotan esta actividad, pero no incluyen entre las restricciones las que piden la Fravm y la asociación de damnificados, que se corresponden con las aprobadas en el Pleno del pasado mes de marzo con los votos favorables de Más Madrid, Partido Socialista, Vox y Grupo Mixto: impedir que se instalen a menos de 500 metros de equipamientos sensibles como centros médicos o educativos, reclamar informes de impacto ambiental y de movilidad vinculantes para la implantación de uso y limitación horaria de 10:00 a 22:00 horas.
En esa misma sesión plenaria, PP y CS no solo votaron en contra de incorporar estos requisitos, sino de redactar un Plan General que regule exprofeso las cocinas agrupadas, como las ha bautizado el Consistorio. El Gobierno madrileño alegó entonces que “es irrealizable desde el punto de vista jurídico y administrativo”. En Madrid no se seguirá, por tanto, la estela de Barcelona, que mediante su nueva normativa del Plan de Usos aprobada en enero de 2023 expulsa esta actividad de la trama urbana residencial y solo la autoriza en el polígono de la Zona Franca en locales separados por un mínimo de 400 metros. En la Ciudad Condal, apunta Santiago Navas, uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados, “los inversores a los que ya se habían concedido licencias fueron indemnizados al denegarle ahora el permiso”. Así, agrega, el Ayuntamiento presidido en ese momento por Ada Colau “prefirió pagarles a dejar que el problema de convivencia siguiera”.
Próximas licencias en duda
En Madrid, el Consistorio suspendió la concesión de licencias de multicocinas fantasma durante un año en junio de 2021 y la prorrogó por otro más en 2022. La moratoria finaliza el 16 de agosto y no cabe otra ampliación hasta dentro de cinco años. A partir de ese día, los interesados pueden acceder de nuevo a la concesión de permisos de funcionamiento. La nueva normativa, aprobada hoy, no estará vigente hasta que no la avale el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tras pasar la revisión de la Dirección General de Urbanismo. Según informan desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, el Gobierno regional dispone de un plazo máximo de cuatro meses para realizar este trámite “desde que se presente el expediente completo en el registro de la Consejería”.
La oposición advierte de que esta validación del Ejecutivo autonómico “no llegará en menos de seis meses” y desatará la “ley de la selva” en la ciudad porque “hay muchas empresas esperando ese momento” en el que venza la prohibición de emitir nuevas licencias y la nueva normativa aún no aplique, por lo que se vuelve a la situación actual de vacío legal. Los afectados comparten temor. “Es cierto que son el mismo partido, pero no es tan fácil aprobarlo a tiempo”, apunta Alfonso de Celis, uno de los portavoces de la plataforma de damnificados. El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, se ha mostrado confiado en que la Comunidad “no agote” los cuatro meses y apruebe con celeridad un texto que “conocen desde diciembre de 2022”. Según indicó el pasado miércoles, ambas administraciones han trabajado en la modificación de las normas urbanísticas de manera conjunta “a nivel técnico y político”.
El Ayuntamiento no espera ningún vacío legal porque, recuerdan, desde que se pide una licencia de este tipo hasta que se otorga el Consistorio tiene tres meses para evaluar si procede concederla. Si en ese periodo llega el 'ok' de la Comunidad al nuevo reglamento se aplicaría de forma inmediata y "no tendríamos que dar ninguna licencia con los condicionamientos anteriores". Santiago Navas, otro de los portavoces de la Plataforma de Afectados por las Cocinas Fantasma, llama la atención sobre las autorizaciones que “pueden estar pedidas ya y paralizadas en la Agencia de Actividades y que al día siguiente de acabar la moratoria concederán porque ya habrían pasado más de tres meses”.
Las cocinas existentes “se consolidan”
En paralelo a su trabajo de alerta para que otras comunidades de vecinos no sufran las mismas molestias que ellos, la Plataforma continúa la batalla legal contra decenas de cocinas tras conseguir la primera victoria en los tribunales en junio de 2022, cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid falló a favor de la Asociación de Familiares y Alumnos del colegio Miguel de Unamuno al entender que resultaba “indudable” que las 12 cocinas industriales que funcionaban expulsando humos al patio del centro suponían un perjuicio. La sentencia recogía que la concesión de la licencia no se ajustaba a derecho y carecía de informe de impacto ambiental. El Ayuntamiento recurrió el fallo y el Tribunal Superior de Justicia aún debe pronunciarse, pero los promotores decidieron cerrar las instalaciones apenas tres meses después del primer varapalo judicial.
No han corrido con la misma suerte otros vecinos que esperan la resolución judicial de sus casos. “La nueva normativa no solventa el problema de las cocinas existentes, sino que les da pleno derecho de funcionamiento, las consolida, así que lo único que nos queda es que la Justicia nos dé la razón”, traslada Alfonso de Celis, quien afirma rotundo, aunque excusándose por la expresión, que “los afectados quedamos en la auténtica mierda”. Y habla en sentido cercano al literal, dice, al considerar los humos y olores que padecen en calles como Zabaleta, en el barrio de Prosperidad (Chamartín), donde las cocinas fantasma se insauraron en junio de 2021 y allí permanecerán si los tribunales no lo remedian, pues los nuevos requisitos incluidos en la modificación del PGOU no aplican sobre las licencias vigentes. Solo sobre las que se firmen a partir de la aprobación del expediente.
En Zabaleta, prosigue De Celis, se concentra el núcleo de cocinas fantasma más grande de la capital, con 38. Abrieron, relata, con una simple declaración responsable tras construirse en 2020 “en plena pandemia y de tapadillo”. Un único titular, propietario de la mayoría de viviendas de un edificio, vendió el local del bajo en el que se instalaron los fogones que vierten sus humos en una chimenea de 25 metros cuadrados que los evacúa a una calle de menos de siete metros entre una fachada y la de enfrente. “Sales fuera y huele a hamburguesa”, se queja el portavoz, que reside a escasos metros. No obstante, lo “peor”, asegura, “es la cantidad de motos invadiendo las aceras y saliendo y entrando en dirección contraria”, una temeridad de la que ya han dado cuenta a la Policía. “Aquí va a ocurrir algo y la Administración no quiere verlo”, reprueba antes de entrar a detallar los problemas de ruido. Riders dando voces mientras esperan pedidos jugando a las cartas, motos que rugen al arrancar incluso a la una de la madrugada y camiones que descargan la mercancía a las seis de la mañana. “Es insufrible”, lo resume.
Por todo lo expuesto, la Plataforma de Afectados por las Cocinas Fantasma, con el apoyo de la Fravm, ha lanzado una campaña informativa para que otras comunidades de vecinos permanezcan en alerta. “Está dando resultados y contamos ‘casos salvados’ de bloques que han denegado los permisos”, cuenta Santiago Navas. Entre los próximos pasos, solicitar reuniones a los nuevos concejales de distrito para hacerlos partícipes de su denuncia. “Nuestro fin es que se retiren todas las cocinas y hasta entonces, seguiremos”, garantiza.
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