El Ministerio de Consumo ha abierto un nuevo expediente sancionador a una agencia inmobiliaria de ámbito nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos.
Las cometería en la gestión del alquiler como el cobro de comisiones ilegales u obligar a contratar servicios no solicitados. De momento no ha trascendido su nombre.
Se trata del segundo expediente de este tipo que se ha abierto tras el que se inició en marzo contra una agencia inmobiliaria de ámbito nacional, Alquiler Seguro, por estas mismas prácticas.
Denuncias de inquilinos
Esta investigación se abrió a partir de denuncias del Sindicato de Inquilinas-CECU y de asociaciones de consumidores como FACUA y OCU, y sigue en marcha respecto a otras empresas inmobiliarias a las que también se podrían incoar expedientes por haber podido cometer estas u otras prácticas.
Las principales prácticas denunciadas por las diferentes organizaciones se basan en infracciones como obligar a los inquilinos e inquilinas a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino. A este respecto, desde Consumo se señala que la «Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda» prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.
Posibles infracciones
Así mismo, la Dirección General de Consumo informa que estas cláusulas o prácticas podrían ser constitutivas de infracciones que, según la Ley de Defensa de los Consumidores, podrían calificarse como:
- Graves, y ser sancionadas con multas de hasta 100.000 euros pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
- Muy graves, y ser sancionadas con multas de hasta un millón de euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
Los 2 procedimientos sancionadores abiertos a sendas agencias inmobiliarias se unen a los expedientes que la Dirección General de Consumo mantiene abiertos en el sector de los pisos turísticos contra, por una parte, la plataforma de alquiler de vivienda turística Airbnb, que mantiene miles de anuncios de alojamientos de este tipo que fueron catalogados como publicidad ilícita.
Por otro lado, al expediente sancionador abierto contra empresas que administran viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas tras detectarse que estas gestoras estarían ofreciendo “información falsa o información que, aun siendo veraz, pueda inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentación induzca”, lo que supondría una práctica engañosa.
Si quieres recibir más temas como éste, puedes suscribirte a nuestras alertas gratuitas de noticias de Whatsapp o Telegram. También tenemos un boletín gratuito de noticias que llegarán a tu e-mail. Además, nos puedes seguir en Google News.
Si (
No(
