El Gobierno trasvasa más de 3.500 millones de euros a los Servicios públicos de Empleo para poder pagar el paro

Para cumplir con el déficit, según ha revelado la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, el Estado cuenta con un pequeño margen de cuatro décimas, equivalente a 4.000 millones. Este colchón proviene, ha añadido, de los ingresos recibidos por la reciente subasta del espectro radiofónico, con la que recaudó 1.800 millones de euros y espera captar otros 200 millones en las próximas semanas, y que sí computan a efectos de déficit; así como por el menor pago por intereses de la deuda, apartado en la que el Gobierno, de forma imprevista, ha logrado ahorrar unos 2.000 millones de euros.

En concreto, para empleo habrá un suplemento de crédito de 3.567,55 millones a los Servicios Públicos de Empleo (SPEE), de los que 1.648,19 millones son en concepto de compensación por pérdida de recaudación y otros 1.919,36 millones por obligaciones de pago en materia de subsidio por desempleo y Renta Activa de Inserción, también conocida como la ayuda de los 400 euros.

Según Salgado, el Gobierno decidió en 2010, que puesto que había tesorería suficiente en Seguridad Social, esta instancia asumiría el déficit. "Ahora es necesario hacer el reequilibrio de tesorería para que la Seguridad Social pueda hacer frente a estas obligaciones", añadió. Este decreto también incluye otras partidas de crédito más pequeñas que se dedican a cubrir otros gastos imprevistos como el desvío del pago en la renta básica de emancipación y la operación en Libia. Salgado concretó que el Real Decreto Ley destina un suplemento de crédito de 162,14 millones de euros al SPEE para la atención de los compromisos derivados del pago en 2011 de la Renta Activa de Inserción.

Ello se debe al incremento del número de prestaciones medias mensuales desde las 131.000 personas previstas inicialmente a las 180.000 personas que efectivamente la han solicitado.

Concretamente el reparto por ministerios de esta partida de extraordinarios queda así: el de Sanidad, Política Social e Igualdad recibirá 260,14, por la ley de Dependencia, que será transferido a las CCAA. El Ministerio de Fomento "tendrá créditos adicionales por importe de 124,10 millones para el pago de ayudas en concepto de Renta Básica de Emancipación. Defensa percibirá 86,35 millones, por la campaña de Libia. Finalmente, el Ministerio de Educación recibirá otros 20,88 millones, para profesores de Religión.

Por el lado contrario, el Consejo de Ministros ha aumentado el recorte de gasto en los Ministerios en otros 654 millones ya que necesita este dinero para hacer frente a una serie de imprevistos no recogidos en los Presupuestos (los mencionados arriba) y para los que tendrá que asumir nuevos créditos. Por este motivo, para que este desvío no comprometa el objetivo de déficit ha aprobado la no disponibilidad de crédito en todos los departamentos por esa misma cantidad.

Comisiones Obreras advierte del peligro

Precisamente el sindicato Comisiones Obreras ha precisado que el gasto en prestaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) alcanzó los 1.134 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 19,47% más que en el mismo periodo de 2010.

   De esta cuantía, casi 392,1 millones de euros correspondieron al pago de salarios y 741,6 millones al pago de indemnizaciones. El sindicato ha advertido de que el importante aumento de las prestaciones junto al pago por parte del Fogasa de ocho días en los supuestos de despido, medida que empezó a aplicarse el pasado mes de junio, dará lugar a una situación "insostenible" en pocos años.

Así, CC.OO. ha señalado que si no se incrementan las aportaciones al organismo, será "muy difícil" que el Fogasa pueda hacer frente a las prestaciones previstas legalmente, "más aún cuando se ha descartado la creación" del fondo de capitalización.

La vicepresidenta para Asuntos Económicos ha defendido este viernes que, pese al recorte llevado a cabo por Standard & Poor's (S&P), la calificación crediticia de España sigue siendo de "excelente calidad", y ha pedido a las empresas españolas que apliquen "todo lo bueno" que tiene la reforma laboral tras haber considerado esta agencia de calificación que dicha reforma es "incompleta".

   Salgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha lamentado que S&P "no haya valorado" el contenido de la reforma laboral, de la que ha defendido su carácter "profundo" y de la que ha dicho además que necesita un tiempo para mostrar sus efectos. "Las empresas deberían aplicar todo lo bueno que tiene esta reforma", ha añadido la vicepresidenta.

   La ministra de Economía y Hacienda ha reconocido que, aunque siempre se puede mejorar en la aplicación de las reformas, la rebaja operada por S&P en la calificación crediticia a largo plazo de España se debe principalmente a factores externos, relacionados con las condiciones financieras de la zona euro.

   En este sentido, ha asegurado que las agencias de calificación "debieran dejarse influir menos por las condiciones del entorno". "Hay que mirar hacia delante y desear que esas condiciones financieras de la zona euro mejoren con las decisiones del Consejo Europeo del día 23", ha dicho Salgado.

   La vicepresidenta ha insistido en que el recorte de la calificación española por parte de S&P se debe a la situación de tensión financiera global, que está afectando "de manera intensa" a la economía española, y a las menores perspectivas de crecimiento.

   En todo caso, Salgado ha destacado que, al igual que hizo recientemente Fitch, Standard & Poor's ha valorado todo lo que se está haciendo para ayudar a la economía española, hasta el punto de que ha señalado en su informe que ésta ha resistido "de manera notable" las condiciones económicas adversas de 2011.

   Además, ha añadido la ministra, S&P ha valorado favorablemente la reforma constitucional y reconocido que, aun en el supuesto de que se necesitara recapitalizar otra vez la banca, la deuda española seguiría en niveles reducidos.

Fondo único de rescate a la banca

Además, el Consejo de Ministros aprobó este viernes la unificación de los fondos de garantía de depósitos de bancos, cajas y cooperativas para que el sector financiero español asuma las pérdidas en las que pueda incurrir el Estado por el rescate de las cajas de ahorros, que no se trasladarán así a los contribuyentes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, insistió en que el objetivo de la medida es que el nuevo fondo asuma "cualquier posible coste de la reestructuración".

La creación de un fondo de garantía unificado, que contará con un patrimonio de 6.593 millones de euros, penaliza sobre todo a los bancos, que deberán afrontar el coste del saneamiento de las cajas de ahorros.  A partir de ahora, este único Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutrirá de las aportaciones de las entidades financieras, va a proveer al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante las pérdidas netas potenciales que puedan acontecer en el proceso de reestructuración, como pudiera ser el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).