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2.200 millones entre consumidores, empresas y Estado

La reforma energética se tuerce: Industria y Hacienda no se ponen de acuerdo y el sector está desconcertado

La reforma energética se tuerce: Industria y Hacienda no se ponen de acuerdo y el sector está desconcertado

lunes 08 de julio de 2013, 08:07h
Con retraso y opacidad. Así se está cocinando la esperada reforma energética, una de las prioridades del Gobierno para reducir un déficit de tarifa que supera los 26.000 millones de euros. La batalla se libra en los despachos de Industria y Hacienda, con un tira y afloja constante para repartir las cargas de un recorte de 2.200 millones. Según fuentes del sector y expertos los consumidores, con una factura de la luz que ya es muy alta, no se librarán. Aunque el mayor peso recaerá sobre grandes empresas, distribuidoras y renovables.
La reforma eléctrica diseñada por el nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, parece llevar el mismo camino que la de su predecesor, que se anunció para el verano de 2012 y no vio la luz hasta bien entrado el otoño. En este caso, las nuevas medidas pretendían ser aprobadas antes de que terminara el mes de junio, pero las últimas noticias apuntan, como pronto, a la primera quincena de julio. Así, en el mejor de los casos podría aprobarse, en su primer trámite, en el próximo Consejo de Ministros del día 12.
 
El retraso nace de las discrepancias entre Industria y Hacienda. El conflicto radica en que la reforma requiere más aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha parapetado en el escaso margen existente y en el cumplimiento del objetivo de reducir el déficit público comprometido con Bruselas. Pero el problema que maneja Industria es cortar la hemorragia del otro déficit, el de tarifa. Eran 26. 671 millones de euros a finales de 2012, año en el que las medidas fallidas del Ejecutivo no impidieron añadir otros 4.000 millones a los números rojos.
 
Según fuentes del sector, el mayor problema que plantea Montoro estaría relacionado con el cómo y el cuándo aplicar los recortes de ingresos del régimen especial y los efectos que la titulización de la deuda eléctrica puede causar en la deuda pública. Todo apunta a que, pese a los recortes y los posibles cambios en el funcionamiento del mercado eléctrico incluidos en la reforma, las cuentas no cuadran. Y no tendría sentido, después de la expectación creada por una macro reforma, que incluirá un real decreto ley y un proyecto de ley, además de numerosos reglamentos, cuyo objetivo es acabar con el déficit de tarifa.
 
El secretario de estado de energía, que mantiene una buena sintonía con Montoro (es hermano del jefe la oficina económica de Moncloa), ha logrado que Hacienda acepte realizar su aportación vía Presupuestos del Estado para evitar las probables desviaciones en la tarifa eléctrica de 2013 y 2014. Pero su aportación es coyuntural y se termina aquí: 2.200 millones de euros de un crédito extraordinario a Industria; destinar a la tarifa eléctrica parte de lo recaudado por derechos de CO2 (450 millones de euros), así como la recaudación de los nuevos impuestos energéticos. Liberado dicho crédito, la realidad es que los ingresos por CO2 serán menos de la mitad de lo previsto y otro tanto podría ocurrir con los impuestos energéticos. Además, queda en el aire la financiación de los costes de los sistemas extra peninsulares de este año (unos 1.700 millones de euros) que, en teoría deben sufragar los Presupuestos del Estado para 2014.
 
En una comparecencia celebrada hace pocos días, Alberto Nadal subrayó que "para eliminar el déficit habría que aumentar los peajes que pagan las empresas más de un 30%, lo que significaría aumentar el recibo de la luz en un 17%". Pero dejó claro que no va a cargar todo el peso en los consumidores. La ecuación tiene un planteamiento sencillo, pero las derivadas políticas que tiene hacen la resolución muy complicada. El Gobierno pretende "garantizar el suministro eléctrico y el nivel de calidad con el coste más bajo posible". El problema radica en los costes regulados y que los ingresos no llegan siquiera para pagar los costes del sistema, 18.000 frente a 22.000 millones en 2012.
 
El objetivo es equilibrar ese desfase entre ingresos y gastos y repartir los costes entre los distintos agentes del sistema (renovables, empresas eléctricas, consumidores) y los Presupuestos. En el sector se maneja un reparto proporcional a los costes actuales, de manera que 300 millones se cargarían sobre los consumidores; entre 400 y 500 en la distribución y transporte; 800 en las primas de renovables y 2.200 con cargo a Presupuestos.
 
Tijeretazo de 2.200 millones
 
Tanto el ministro José Manuel Soria como el secretario de estado han reiterado que la batería de normas que preparan repartirá el esfuerzo para acabar con el déficit de tarifa entre el sector, el Estado y los consumidores. Hasta ahora han dado pistas sobre por dónde irán las medidas, pero no han cuantificado el impacto que tendrá sobre cada una de las partes.
 
El Gobierno ya ha tratado los problemas financieros que acarreará la reforma para las plantas solares con los responsables de la Asociación Española de Banca, a la que "conminó" a una refinanciación de los créditos con las empresas de este sector.
 
Hay rumores que apuntan a que Alberto Nadal también ha mantenido contactos con el Gobernador del Banco de España para calcular de los efectos del pinchazo de la burbuja solar que su ministerio prepara. Por otra parte, parece descartado que Industria vaya a rebajar el umbral que da derecho a disfrutar de la tarifa de último recurso (TUR). Se estudia un sistema para que las renovables cobren el precio del pool y pagos por capacidad y se podría aprovechar la nueva ley para resolver la continuidad de la central de Garoña.
 
Según cálculos de Bankia Bolsa, Endesa, Iberdrola y Gas Natural asumirán casi la tercera parte de los recortes que prevé la reforma energética. Entre las tres, sufrirán un hachazo de 721 millones de euros, de los 2.200 millones que contempla la reforma. La más afectada será Endesa, que además de la rebaja de la retribución a la distribución sufrirá un tijeretazo en los costes extra peninsulares.
En términos relativos, los 104 millones de recorte que contempla el informe para REE suponen que el gestor eléctrico será el mayor afectado de las empresas. En concreto, reducirá un 7,7% su resultado bruto y 13,5% su cifra de negocios. Las primas a las renovables también volverán a ser recortadas en 1.039 millones (929 millones sin Iberdrola y Gas Natural), prácticamente la mitad del total, aunque tampoco han revelado de qué forma lo lograrán.
 
Y los consumidores tampoco se salvan. Según las previsiones de Bankia Bolsa harán frente a una subida en la tarifa por la parte de los costes de acceso del 2%. Este incremento supondrá 300 millones de euros, repartido entre octubre y enero. Recordemos que la luz subió el pasado 1 de julio un 1,2%, sumado al 5% del año pasado.
 
Quejas e incertidumbre
 
El cansancio de las empresas por la largamente anunciada reforma eléctrica se hace patente cada día. Las compañías afectadas, grandes y pequeñas, están paralizadas a la espera de noticias. Una incertidumbre que es peor que cualquier medida, aseguran fuentes del sector.
 
José Folgado, presidente de Red Eléctrica de España (REE), ha pedido que la reforma se apruebe cuanto antes. "El factor tiempo es vital. Es muy urgente. Me lo piden los accionistas", declaró. Sobre la posibilidad de que las redes de transporte sufran un nuevo recorte, expresó que "los márgenes de nuestras empresas no son muy elevados". Por otro lado, Folgado aplaudió que los costes extra peninsulares (el sobreprecio que se paga por llevar la energía eléctrica a las Islas Baleares y Canarias) se lleven a los Presupuestos Generales del Estado porque "las políticas sociales o territoriales no deben estar en la tarifa de la luz".
 
Por otra parte, varias asociaciones de renovables, Anpier, Appa, Protermosolar y Unef, han pedido al Gobierno que "corrija un mercado que se muestra totalmente ineficaz" y no cargue solo contra los costes regulados, donde se incluyen las primas de estas fuentes. En un comunicado, las asociaciones piden "una auditoría en profundidad e independiente" de todos los costes que influyen en la factura eléctrica y que las medidas no vayan solo sobre los costes regulados sino sobre el coste de la energía.
 
La firma norteamericana de análisis Citi cree que el Ejecutivo de Mariano Rajoy va a distribuir el "dolor" de la reestructuración del sector "entre los activos regulados de la industria, los consumidores y algo de los presupuestos generales". Y señala que "con las limitadas informaciones sobre las intenciones del Gobierno, la predicción de los resultados de la reforma es difícil". Citi advierte de que "las decisiones gubernamentales que pudieran crear más volatilidad en el precio de las acciones son: una revisión de los incentivos de las renovables podrían ser negativas y meter presión a Enel, Iberdrola y Energías de Portugal; y un recorte severo a los beneficios y por ende a las cotizaciones de acciones como Enel y Endesa.
 
Un auténtico sudoku
 
Quizás la opinión más sincera y esclarecedora ha sido la del secretario general de Industria. Luis Valero ha comparado la "dificultad" de elaborar la reforma energética con la que en su momento tuvo la de fijar una frontera entre India y Pakistán. Valero recordó que el imperio británico, para trazar la frontera entre estos dos países, recurrió a un coronel que permaneció un tiempo encerrado para encontrar la mejor solución. "Y todavía estamos en guerra por Cachemira, así que imaginen lo complicado que es", añadió.
 
"Lo que se está haciendo en el Ministerio es una cosa muy difícil y comprendo que afecta a todo el mundo de forma muy importante", dijo. "Es fácil decir que el reparto debe ser equilibrado y justo, pero en la práctica no es tan fácil", añadió, en alusión a la necesidad de distribuir la carga de las medidas entre empresas, consumidores y administraciones.
 
Valero también aludió al fuerte crecimiento de los costes energéticos en Europa en los últimos siete años, del 38%, muy superior al incremento del 4% en Estados Unidos. "Es evidente que tenemos un problema y la existencia de las renovables y otros interfiere en los procesos de fijación de precios".
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