El juez federal Charles Breyer, con sede en San Francisco, ha emitido una orden que impide la movilización de la Guardia Nacional en California dispuesta por la Administración del presidente Donald Trump.
Esta decisión responde a las protestas desatadas por las redadas migratorias masivas realizadas en ese estado y otras regiones de EEUU el pasado mes de junio.
Según el fallo, el Gobierno incumplió una normativa federal que regula estrictamente el uso de militares como fuerzas de seguridad pública.
En junio, Trump anunció el envío de 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines en servicio activo a Los Ángeles, una medida adoptada sin la aprobación del gobernador de California, Gavin Newsom.
Este movimiento generó fuertes críticas entre los demócratas, quienes acusaron al entonces presidente de emplear al Ejército para reprimir las manifestaciones contra su controvertida política migratoria. Además, surgieron interrogantes legales sobre los límites de la autoridad presidencial en este contexto. Por todo ello, no se descarta que la Administración Trump apele esta resolución judicial.
Argumentos contra el despliegue
La acción legal fue impulsada por Gavin Newsom, un destacado líder demócrata, junto con el fiscal general de California, Rob Bontay. Ambos argumentaron que el despliegue militar violaba la ley Posse Comitatus, legislación que restringe severamente el uso de tropas federales para funciones policiales dentro del territorio nacional. En su dictamen, el juez Breyer respaldó las alegaciones de las autoridades estatales tras analizar pruebas que demostraban cómo la Administración Trump había empleado a soldados y vehículos militares para establecer perímetros de seguridad, controlar el tráfico y manejar a las multitudes.
"En resumen, los acusados violaron la Ley Posse Comitatus", declaró el juez, quien pospuso la aplicación de la sentencia hasta el 12 de septiembre. En su fallo, Breyer prohibió a la Casa Blanca "desplegar, ordenar, instruir, entrenar o utilizar a la Guardia Nacional actualmente desplegada en California, así como a cualquier tropa militar previamente movilizada en el estado". También especificó que estas fuerzas no podrán participar en actividades como arrestos, detenciones, registros, incautaciones, patrullas de seguridad, control de tráfico, gestión de disturbios, recolección de pruebas, interrogatorios o actuar como informantes.
Condiciones para levantar la suspensión
La prohibición permanecerá vigente hasta que la Administración de Trump cumpla con los requisitos necesarios para justificar una excepción constitucional o legal válida. Este fallo refuerza el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia de seguridad interna y pone de relieve las tensiones entre los gobiernos federal y estatal en temas sensibles como la inmigración.
La disputa subraya además la importancia de respetar las normativas que separan las funciones militares de las labores policiales, tal como lo establece la ley Posse Comitatus.
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