El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica, ha dado luz verde a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) para el periodo 2026-2030.
Este nuevo marco de actuación, que sucede a la estrategia pionera de 2019-2024, introduce 13 medidas multidisciplinares destinadas a consolidar la equidad energética.
El objetivo fundamental es garantizar el acceso universal, seguro y asequible a la energía como un derecho básico, tras un ciclo marcado por la inestabilidad de la pandemia y la crisis de precios derivada de la guerra en Ucrania.
Coste de la electricidad
La nueva ENPE 26-30 se apoya en los resultados de medidas coyunturales previas -como el Mecanismo Ibérico o la rebaja fiscal- que han permitido que el coste de la electricidad en España se sitúe actualmente por debajo de la media europea.
Según los datos facilitados por el MITECO, la carga energética media por hogar ha descendido un 3,5% desde 2018, situándose en 1.072 euros anuales.
En los tramos de renta más bajos, esta reducción ha sido mucho más acusada, alcanzando el 24,7% en términos corrientes.
La estrategia busca ahora transformar estos alivios temporales en avances estructurales permanentes a través de cuatro ejes estratégicos.
Polémicos cambios en el bono social
Dentro del primer eje de la estrategia, destaca la creación de un Observatorio de la pobreza energética. Este organismo centralizará la información y facilitará la toma de decisiones basadas en datos técnicos y el intercambio entre expertos; para su puesta en marcha, ya se ha lanzado una consulta pública previa.
En cuanto a la protección directa al consumidor (segundo eje), la prioridad es cerrar la brecha de cobertura del bono social. Aunque el número de beneficiarios ha crecido un 60% desde 2018 -alcanzando los 1,72 millones de hogares-, el Ejecutivo admite que todavía hay familias con derecho que no acceden a él por trabas burocráticas o falta de información.
Para solucionar este desajuste, se adaptará la normativa para ligar el bono estrictamente a la renta real de los hogares y se prohibirán prácticas comerciales abusivas.
En concreto, lo que cambia es que ahora habrá que demostrar que la familia o el hogar que quiera acogerse al bono social tiene rentas bajas. Se excluirá a las familias numerosas sólo por el hecho de serlas, ya que hasta ahora muchas familias con rentas medias y altas se beneficiaban de los descuentos.
Sin embargo, muchos medios apuntan a que con el nuevo plan, menos familias vulnerables podrán beneficiarse del bono social.
Rehabilitación de viviendas
El tercer pilar de la estrategia apuesta por la mejora estructural de las viviendas con una inversión masiva. El Gobierno destinará unos 9.000 millones de euros a través del Plan Social para el Clima para financiar rehabilitaciones energéticas en familias vulnerables e impulsar refugios climáticos frente a las temperaturas extremas.
Además, se ha lanzado una consulta para regular ayudas a proyectos piloto de "intervención exprés" en edificios de uso comunitario y barrios vulnerables, buscando soluciones rápidas que mejoren el aislamiento térmico de forma inmediata.
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