Después de discrepancias dentro del propio Gobierno de coalición, ayer martes se aprobaba definitivamente la reforma del subsidio de desempleo. Uno de los cambios principales es el aumento de la pensión de 480 a 570 euros de manera progresiva.
Pero según ha anticipado 'eldiario.es', el real decreto viene con una letra pequeña pero bastante relevante: la prioridad de los convenios autonómicos.
Se trata de una medida que pidió el PNV a Pedro Sánchez como condición a apoyar su investidura y que el texto ha recogido.
Así, según la nueva norma, tendrán prioridad aplicativa los convenios de las comunidades (autonómicos) frente a los sectoriales o los estatales. Eso sí, tendrán que resultar más beneficiosos para el trabajador.
Este apunte no fue comentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, comparecencia que contó con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, y la ministra de Sanidad, Mónica García.
Fue Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, el encargado de confirmar primero que esta fórmula se había aprobado en el decreto.
El Gobierno defiende la mejora de la negociación colectiva
En el texto de la nueva legislación el Ejecutivo recoge que la reforma responde "al objeto de mejorar la regulación de la negociación colectiva en el ámbito de las comunidades autónomas, asegurando la aplicación de los acuerdos o convenios más favorables para las personas trabajadoras".
"Se trataba de permitir que dichos convenios de ámbito inferior pudieran afectar a los convenios colectivos de ámbito estatal. La redacción introducida, no obstante, no acertó completamente en el diseño, entre otras cuestiones porque, junto a la negociación colectiva de ámbito autonómico, potenciaba y otorgaba facultades de suscripción de convenios o acuerdos con dichos efectos también en cualquier ámbito superior a la empresa e inferior al estatal", puntualiza la exposición de motivos de la nueva normativa.
Con ello, el Gobierno ha matizado la regulación: "estos acuerdos y convenios suscritos en el ámbito autonómico tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal, siempre que dichos convenios y acuerdos obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación".
Puntualizan también que esa prioridad queda condicionada "a que la regulación de los convenios o acuerdos autonómicos resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales".
Esta 'letra pequeña' no ha gustado nada a los sindicatos ni a la patronal, pues ya criticaron que este aspecto se incluyese dentro de los acuerdos con el PNV. Ambos agentes sociales señalaron que los ámbitos de la negociación colectiva deben tratarse en el marco del diálogo social.
Y es que este punto no se incluyó precisamente dentro de la reforma laboral al no llegar a ningún acuerdo al respecto.
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