En esta ocasión las víctimas fueron de la comunidad Embera Katío, más específicamente del Resguardo de Uradá-Jiguamiandó, situado en el departamento selvático del Chocó, quienes el fin de semana pasado resultaron heridos y afectados por un bombardeo militar.
El Defensor del Pueblo,
Vólmar Pérez, confirmó que la acción dejó como resultado dos heridos, la destrucción de un domicilio tradicional y una hectárea de cultivos y la muerte de animales domésticos.
Tras la evaluación de los daños,
Pérez solicitó al Gobierno que se repare de manera inmediata e integral a los afectados. El funcionario agregó en un comunicado divulgado en Bogotá que otros cuatro indígenas, dos de ellos menores de edad,
"resultaron afectados psicológicamente por el desarrollo de los hechos".
Los heridos fueron trasladados a la ciudad de Medellín para que recibieran
"atención médica de urgencia", continuó
Pérez, y señaló que los otros afectados están
"bajo protección" de las autoridades indígenas regionales.
La incursión militar en la que resultaron afectados los indígenas, fue lanzada por la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, en una campaña que tenía como objetivo reducir el Bloque Noroccidental de las FARC.
Por su parte, la FAC reconocieron ante las autoridades indígenas y la Defensoría del Pueblo que estos hechos fueron
"un error estratégico". Sin embargo, y pese al reconocimiento de la responsabilidad,
Pérez recordó a las fuerzas de seguridad que
"en las operaciones militares siempre se debe aplicar el principio de la distinción previsto en el derecho internacional humanitario".
El funcionario observó que, ante los hechos, se necesita
"reparar integralmente los daños y demás afectaciones que los militares pudieron haber ocasionado".
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