La reforma energética en entredicho: el deficit de tarifa podría triplicar el tope legal

Las eléctricas calculan que el déficit de tarifa de 2012 rondará los 5.000 millones de euros y superará en 3,3 veces el tope legal de 1.500 millones establecido para el conjunto del ejercicio. A un mes para que concluya el año, los departamentos de regulación de las empresas ya empiezan a disponer de previsiones certeras y en ellas aparecen cifras que oscilan entre los 4.800 millones de euros y los 5.000 millones. De confirmarse, el presente ejercicio será el cuarto en el que la cifra final supera el tope legal y se convertirá además en el tercero más deficitario.
 
De los costes eléctricos, las compañías pronostican que las primas a las renovables ascenderán a 8.400 millones frente a la previsión de 7.220 millones, y que el extracoste de la actividad insular no se traspasará a los Presupuestos Generales del Estado y rondará los 1.300 millones, frente a los 473 millones previstos. Por otro lado, la caída de la demanda y el menor volumen de ingresos provocado por la crisis impedirán que la revisión retroactiva de tarifas ordenada por el Tribunal Supremo, consistente en un prorrateo al alza del 7% entre septiembre y diciembre, no sea suficiente.
 
De esta forma, el sector da por hecho que el Gobierno se quedará muy lejos de cumplir los objetivos, a pesar de los recortes de marzo y de las subidas de tarifas, y se pregunta qué decisión adoptará el Ministerio de Industria para parchear el sistema eléctrico.
 
Para gestionar estos 3.500 millones de exceso de deuda, Industria maneja dos opciones. La primera sería colocar en los mercados de deuda, como está previsto, los 1.500 millones hasta el tope legal y trasladar los 3.500 millones de exceso al ejercicio 2013, lo que ejercería una presión difícil de asumir para un sistema eléctrico que debe dejar de ser deficitario el año que viene.
 
La segunda alternativa consiste en elevar el tope legal de 2012 por encima del máximo de 1.500 millones de euros, como ya hizo en su momento el anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián. Y también podría darse una tercera opción, aunque muy poco probable, consistente en renunciar al límite de déficit tarifario cero en 2013 y fijar un nuevo umbral de deuda para el año que viene, lo que se interpretaría como una pérdida de credibilidad para nuestra economía.
 
Nuevas subidas de la luz
 
Para 2013, el sector ve difícil que se cumpla el compromiso del secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, expresado el pasado viernes en el Senado, de no subir los peajes eléctricos durante el año.
 
Esos peajes, que dependen del Gobierno, equivalen a la mitad de la tarifa de último recurso, que pagan 20 millones de consumidores. La intención inicial del Ejecutivo es dejar la pelota de nuevas subidas de la luz en el tejado de las eléctricas.
 
En enero entrará en vigor la nueva fiscalidad eléctrica, pero las empresas dudan de que sea suficiente para taponar este agujero. La nueva ley incluye tres nuevos impuestos, que son del 6% a la producción de electricidad, sobre la producción de combustible nuclear, y sobre el almacenamiento de combustible nuclear y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas. Además, se crea un canon por uso de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica y se modifican los tipos impositivos establecidos para el gas natural y el carbón.
 
Una deuda de décadas
 
"¿Saben cuánto tiempo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos los excesos de las primas y el déficit de tarifa? Veinte o treinta años". El secretario de Estado de Energía ha ilustrado de esta forma, como si de una maldición bíblica se tratara, el coste que tendrá para la sociedad española sacudirse la deuda del sistema eléctrico que asciende a 24.000 millones de euros.
 
Fernando Martí ha asegurado que "los consumidores, sus hijos y sus nietos" van a tener que devolver la actual deuda eléctrica. Un problema causado por "decisiones regulatorias mal hechas" y que justifica, según Martí, las medidas adoptadas por el Gobierno para cubrir la deuda subiendo tarifas, poniendo impuestos eléctricos o atendiendo a un parón de energías verdes.

En su opinión es muy probable que el sistema eléctrico español entrara en quiebra si no se hubiesen adoptado las decisiones aprobadas este año por el Gobierno. No obstante, si se confirma este nuevo agujero de 5.000 millones significará que las medidas no han funcionado o, cuanto menos, no han surtido el efecto esperado.