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Pretenden ahorrar 7.129 millones hasta 2016

La prueba del algodón para Rajoy: llega la reforma de las Administraciones Públicas

La prueba del algodón para Rajoy: llega la reforma de las Administraciones Públicas

lunes 17 de junio de 2013, 09:10h
Se lo demanda Bruselas y lo espera la ciudadanía. Después de muchos sacrificios, subidas de impuestos, recortes de gasto en áreas sensibles como sanidad, educación o dependencia, congelar sueldos de funcionarios y abaratar el despido, es el turno para la esperada reforma de las Administraciones Públicas. Una reforma que no va a dejar indiferente a nadie. Los ciudadanos esperan que los políticos den ejemplo, suprimiendo organismos de utilidad desconocida  y acabando con las famosas duplicidades, aplicándose en carne propia la dolorosa receta. Algunos recelan y llevan tiempo manifestándose en contra. En cambio, otros temen que se va a quedar corta y puede convertirse en el gran fiasco del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quiso mandar un mensaje claro cuando los periodistas le preguntaron hace poco tiempo por la reforma de la Administración Pública que aterrizará en cuestión de días. Su frase literal, "va en serio", fue toda una declaración de intenciones con un destinatario claro. Junto con la revisión del sistema fiscal, la subida de impuestos y los recortes del gasto público, este anteproyecto de ley fue uno de los compromisos que pactó Mariano Rajoy con la Comisión Europea.
 
El proyecto presentado, que incluye la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, tendrá un impacto importante sobre las empresas públicas locales. Según Red Elige, que ha elaborado un estudio donde proyecta cálculos aproximados, cerca del 50% de las 1.134 empresas públicas municipales que hay en España, que generan actualmente 75.321 puestos de trabajo y una cifra de negocio de 8.151 millones de euros, tendrá que desaparecer. Son aquellas que prestan los servicios de limpieza, agua, transporte o aparcamientos en miles de municipios españoles.
 
No se incluyen los organismos autónomos, agencias, consorcios y fundaciones, así como aquellas sociedades que no tienen mayoría de capital municipal o que no hayan presentado sus cuentas en el Registro Mercantil en los últimos tres años, que elevarían la cifra por encima de las 3.000. La nueva ley provocará, según sus cálculos, el cierre de unas 500 empresas, que emplean a alrededor de 30.000 personas. La reforma no afecta a las empresas públicas dependientes de las Comunidades Autónomas (975 en 2012) ni del Estado (243). Además, el Gobierno suprimirá el sueldo al 82% de los concejales. De esta forma, 56.097 ediles de los 8.166 ayuntamientos españoles trabajarán sin salario y sólo 12.188 tendrán dedicación exclusiva.
 
Otra cuestión importante reside en la reducción de asesores y personal de confianza. Así, los municipios menores de 5.000 habitantes no podrán tener ninguna persona contratada a dedo. Los que tengan entre 5.000 y 10.000 vecinos podrán tener sólo uno; los de 10.000 a 20.000, dos eventuales. Y los de 75.000 a 500.000, tendrán tantas personas contratadas a dedo como concejales.

Entre las medidas que han trascendido destacan la redacción de una nueva ley básica la supresión de organismos públicos, la supresión de una importante cantidad de asesores y la homogenización de sueldos administrativos. En esta línea, aplicará medidas de eficiencia y definirá los servicios que prestarán los Ayuntamientos, con el fin de que no asuman competencias impropias, como los servicios sociales o las acciones de fomento económico, que corresponden al ámbito autonómico.
 
Otras filtraciones señalan que el Gobierno también prepara una importante remodelación de media docena de leyes y una gran criba de organismos duplicados, como, por ejemplo, los numerosos Institutos Geográficos o Meteorológicos existentes por toda España. Ya se han eliminado algo más de 300 entes, aunque se espera que la cifra se doble una vez conocida la profundidad de la reforma este próximo miércoles.
 
Además, Internet cobrará especial relevancia en todo lo que tenga que ver con la relación entre el ciudadano de a pie y la Administración Pública. Con el objetivo de agilizar trámites y racionalizar activos, la red pasará a ser un requisito casi indispensable para realizar casi cualquier gestión. Para ello, el Gobierno pretende revisar el sistema informático del Estado para ponerlo al servicio de los españoles y contar así con una Administración plenamente tecnológica acorde a los requisitos del siglo XXI. De este modo, el ciudadano podrá archivar en su ordenador personal todo el papeleo y poder manejarlo de una manera más cómoda y rápida.
 

7.000 millones de ahorro
 
Según Hacienda, la previsión de impacto económico de la reforma local para 2013-2015 será de 7.129 millones. De ellos 2.232 obedecen a la clarificación de competencias, 3.282 a la eliminación de duplicidades, 73 a ahorros en mancomunidades y entidades locales menores, 145 a supresión de eventuales y cargos electos, y 1.397 a diferentes modificaciones del sector público local. Aunque eso sí, el Ministerio de Hacienda y aclara que no se incluye ningún recorte del sueldo de los funcionarios de carrera y personal laboral.
 
El presidente del Gobierno ha decidido ponerse en persona al frente del proyecto y el Gobierno dedicará casi toda su actividad de esta semana (miércoles, jueves y viernes) a vender la reforma. Ante la complejidad de la tarea y después de un año sin arrancar, el Ejecutivo nombró una comisión de expertos y altos cargos para diseñar una hoja de ruta de la nueva Administración que se ha plasmado en un extenso informe de 200 páginas que va a acompañado de 2.000 fichas.
 
Bajo la tutela de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la comisión acaba de terminar su informe de análisis y propuestas de reforma y el presidente ha querido presidir la reunión prevista para el próximo miércoles y que su intervención ante la misma se ofrezca en abierto para los medios de comunicación. Con el informe bajo el brazo Rajoy acudirá al decisivo Consejo Europeo del 27 de junio, cita clave para exigir pasos en la unidad bancaria y crédito directo para las pequeñas y medianas empresas.
 
El texto será aprobado como tal en el Consejo de Ministros del viernes y presentado después por la propia Soraya Sáenz de Santamaría. Además, el Gobierno prevé celebrar un encuentro previo con los medios de comunicación para informar de las líneas generales de esta reforma. El jueves se celebrará un foro-análisis que contará con dos mesas de trabajo: en la primera intervendrá el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y en la segunda participará el ministro de Industria, José Manuel Soria, que informará de la administración electrónica. El texto tendrá que plasmarse después en proyectos de ley, decretos y reglamentos ministeriales para el ámbito de la Administración central. Pero también en acuerdos con las comunidades autónomas y los ayuntamientos en todo lo que toca a delimitación de competencias o reformas de leyes autonómicas.
 

Áreas intocables
 
A pesar de los múltiples cambios, hay líneas rojas que no se traspasarán. Ni se reducirán los ayuntamientos, ni se acabará con las diputaciones, ni se suprimirán las mancomunidades, ni bajará el número de concejales. La presión de los consistorios, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y de numerosos alcaldes del PP, ha conseguido que algunas pretensiones iniciales de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro hayan quedado recortadas.
 
El anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local no tocará el número de ayuntamientos españoles, un total de 8.116 que es una cifra insólita en los países de nuestro entorno. Y descarta también rebajar el número de concejales a pesar de que hoy en España hay 70.000 ediles. Eso sí, la inmensa mayoría cobra sólo dietas e indemnizaciones. Y, en cualquier caso, se suprimirá el sueldo al 82%.
 
Las diputaciones, por su parte, no sólo se salvan de la quema, sino que se reforzarán, ya que asumirán las competencias de los municipios más pequeños, su presupuesto y sus medios materiales y humanos. Se reforzará así un nivel de la Administración que hasta ahora había tenido un crecimiento limitado. Aunque desde 2008, las diputaciones han disparado su deuda un 34%.
 
Como explica el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, la ley ha empezado a tener efectos antes incluso de aprobarse. Como los ayuntamientos llevan un año sabiendo que o ajustan sus gastos o perderán competencias en favor de las diputaciones, las cuentas municipales se han ido saneando en los últimos meses, a pesar de la recesión. De hecho, los 4.018 ayuntamientos con superávit subieron en 2012 a 4.623; el personal al servicio de las administraciones locales se redujo un 12,27% de julio de 2011 a julio de 2012, y las empresas públicas locales han pasado de 3.656 en 2009 a 3.294 en 2013.
 

Intenso debate
 
El proyecto lleva meses generando un intenso debate en el seno de partidos y agentes sociales y económicos. El secretario de Política Autonómica y Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha criticado un proyecto que ha calificado como "una imposición" y que considera "va a batir el récord Guinness del desencuentro". En esta misma línea, el alcalde de Toledo y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha calificado como "muy lamentable" que el Gobierno del PP no haya buscado acuerdos y ha considerado que el consenso en esta materia era "obligatorio y posible".
 
Mientras, destacadas voces del PP han apelado a la necesidad de acometer una profunda reforma de las administraciones públicas en España. Así, el pasado mes de mayo la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, pidió públicamente a Rajoy una "reforma radical". El último en pronunciarse sobre este tema ha sido el ex presidente José María Aznar que dijo que "hoy parece indispensable" reducir "el tamaño de las administraciones, restablecer la estabilidad y el control presupuestario de todas ellas, garantizar la unidad de mercado y su correcto funcionamiento, y ordenar eficientemente el reparto de competencias".
 
Por su parte, el sindicato CC.OO ha mostrado su oposición rotunda a la reforma porque puede causar un "déficit democrático aún mayor" y puede dar "al traste con un modelo social igualitario y solidario" entre el mundo rural y el mundo urbano. Por esta razón, CC.OO va a llevar a cabo una campaña dirigida a los ciudadanos, a los ayuntamientos, a los trabajadores y a las organizaciones políticas porque, como ha insistido, "esto hay que pararlo", ante lo que el sindicato va a hacer "todo lo que esté en su mano, incluidas movilizaciones del tenor que sean necesarias, para que este ley no salga adelante".
 
En la otra orilla, el presidente de la patronal Juan Rosell ha defendido la necesidad de seguir haciendo reformas. "Reforma tiene que seguir siendo la palabra de cabecera en empresas y administraciones". "Sin reformas degradamos la competitividad del país", ha añadido. El líder de la CEOE considera que el estado de las autonomías se ha construido "sin calculadora" y hay que "redimensionarlo".


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