El BBVA ha decidido retrasar hasta principios de septiembre el inicio del periodo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre el Banco Sabadell.
La operación, que en un principio se esperaba que arrancara a finales de julio, se aplaza para incorporar información más actualizada en el folleto, según han informado fuentes de la entidad.
Entre los datos que el BBVA quiere incluir figuran los resultados de las juntas de accionistas del Banco Sabadell previstas para principios de agosto, en las que está previsto que se apruebe la venta de su filial británica, TSB, al Banco Santander.
También se espera que se autorice el reparto de un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros una vez se complete esa transacción.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), encargada de supervisar y autorizar la OPA, ha considerado "adecuada" la decisión del BBVA.
A su juicio, ofrecer la información más reciente permite que los accionistas del Sabadell puedan tomar una decisión con todos los elementos sobre la mesa.
Un nuevo modelo de actuación en fusiones
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha valorado positivamente el desarrollo de la OPA y ha defendido la actuación del Gobierno como un ejemplo de equilibrio entre la creación de valor para los accionistas y la protección del interés general.
Durante su comparecencia este lunes en la Comisión de Economía del Congreso, el ministro afirmó que el caso sienta un "precedente" para futuras operaciones corporativas similares.
El Gobierno ha impuesto al BBVA una serie de condiciones, entre ellas, la separación de la gestión de ambas entidades durante al menos 3 años, con posibilidad de extender este plazo otros 2 años.
El objetivo, según el Ejecutivo, es evitar riesgos para la competencia y preservar el empleo y la red de oficinas, aspectos habitualmente afectados en procesos de concentración bancaria.
Enfrentamiento con Bruselas
El expediente sancionador abierto por la Comisión Europea a España ha centrado parte del debate parlamentario.
Bruselas cuestiona que el Gobierno español utilice una legislación que le permite imponer condiciones que podrían ir más allá del interés general, lo que, según la Comisión, podría interferir con competencias exclusivas del Banco Central Europeo y contradecir el Derecho comunitario.
Cuerpo ha defendido que la actuación del Ejecutivo se ha realizado "únicamente en base al interés general" y ha recordado que la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 ampara este tipo de intervenciones cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) eleva una operación a segunda fase.
"Lo que pone de manifiesto la decisión de BBVA de seguir adelante con esta operación es que, efectivamente, puede generarse valor para los accionistas de ambas entidades sin que se vea perjudicado el interés general", ha concluido el ministro.
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