La reforma laboral, con despidos más baratos, podría haber sido aún más radical

La razón para desechar el contrato único que defendía el ministro de Economía Luis de Guindos es que los sectores que mas empleo crean en España, construcción y servicios, tienen especificidades que un único contrato no atendería, explican fuentes sindicales. De hecho, en España se usan habitualmente 6 modelos de contratación, lo que hace discutible la dificultad de los empresarios para contratar.

Por otra parte, lo que ahora se comenta en algunos medios es que ha habido una fuerte división en el Ejecutivo de Mariano Rajoy por las medidas que se meditaron en esta reforma laboral. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, que comparecerá hoy en el Congreso para explicar las líneas básicas de la reforma, formó parte de una supuesta división interna en el Gobierno por los contenidos de la reforma. Por ejemplo, según 'El País,' Báñez y el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, no querían una ruptura con los sindicatos por medidas muy extremas. En el fondo, por pura practicidad: Montoro piensa en clave electoralista, ya que el 25 de marzo hay elecciones en Andalucía, y no quiere manifestaciones que golpeen aún más la paz social.

Pero, por otro lado, el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el de Industria, José Manuel Soria, pretendían una reforma más radical, preocupados por la forma en que Europa y los mercados acojan la reforma. En parte es lo que recoge en sus páginas el diario 'El Mundo', que apunta a que la división en el Gobierno vendría marcada por el nuevo contrato para jóvenes. De Guindos, Soria y el titular de Agricultura, Miguel Arias Cañete, consideran necesarias condiciones más precarias para mejorar la contratación de éstos. Mientras, de nuevo Montoro, se oponía a una reforma dura por su efecto perjudicial en la desconfianza social en el mercado laboral y el golpe al consumo.

Este contrato para jóvenes, según 'La Vanguardia', tendría una remuneración inferior al salario mínimo, iría acompañado de ayudas en las cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social y el IRPF, tendría duración de 2 años y la indemnización sería inferior a 20 días.

Y como ya decíamos en Diariocrítico, no se contempla, en este apartado, la implantación de los llamados minijobs o el modelo alemán de trabajo con horarios más reducidos y con menor salario, porque Báñez mantiene que son incompatibles con la legislación española.


20 días por año trabajado

Pero donde está la principal preocupación del Gobierno del PP es en las indemnizados por despido; la idea inicial de los responsables del Ministerio de Empleo y Seguridad Social es concretar hasta el máximo detalle las causas del despido procedente para evitar la arbitrariedad de las decisiones judiciales y facilitar al máximo el recurso de las empresas al despido objetivo por causas económicos con una indemnización de 20 días por año trabajado. De ahí, señalan los sindicatos, el 'descuido' de Mariano Rajoy al decir que los sindicatos iban a hacerle una huelga general. "Un modo de de anticiparse y cerrar a los sindicatos esta vía de protesta por abaratar el despido, que en cualquier caso no va a generar empleo", señalan las mismas fuentes.

Junto a este generalización del despido procedente, la idea que maneja actualmente el Gobierno, y que no gusta a la patronal CEOE, es mantener un despido improcedente, rebajando la actual indemnización de 45 días por año a los 33 días que hoy se aplican a los contratos de Fomento del Empleo.

La reforma se aprobará, en principio, mediante la fórmula de Decreto Ley, en contra de las demandas de las centrales sindicales, que habían pedido que se aprobara como Proyecto de Ley para poder introducir enmiendas durante su tramitación parlamentaria.


Sin efectos retroactivos

La urgencia que demanda la situación de un país con casi cinco millones y medio de parados, y las exigencias de la Unión Europea, el FMI y los mercados, son las razones que obligan al Gobierno a no dilatar la entrada en vigor de la reforma laboral.

En círculos próximos al Ejecutivo apuntan que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que es la única en el equipo económico del Gabinete que hasta el momento ha mantenido la máxima discreción sobre el contenido de la reforma, llevará un informe previo a lo largo de esta semana a la Comisión de Economía que preside el propio Rajoy. El decreto, sin embargo, se aprobará el viernes día 10, tal y como anunció Rajoy.

Las citadas fuentes destacan también que las modificaciones que incluya el proyecto de reforma laboral no tendrán efectos retroactivos y entrará en vigor en el mismo momento que el Decreto Ley, por lo que los trabajadores que actualmente tienen un contrato indefinido seguirán beneficiándose de una indemnización de 45 días por año por despido improcedente. No así, los contratos temporales que, a partir de la entrada en vigor de la reforma se conviertan en indefinidos.

La retroactividad era, desde el punto de vista sindical, una de las claves de la reforma y su no aplicación, manteniendo los derechos adquiridos, puede ser un elemento importante para evitar o rebajar la conflictividad social.


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