Medicamentos

Conocidos medicamentos como Primperan, Adiro, Trankimazin, Almax o Urbason son algunos de los fármacos que presentan problemas de suministro en España. El problema afecta a cerca del 1% del total de los autorizados en España sin que haya riesgo de no encontrar alternativa terapéutica. No obstante, el Gobierno ha anunciado ya un plan para mejorar el sistema.

El puntual desabastecimiento en las farmacias del popular ibuprofeno infantil 'Dalsy' obligará a sus clientes a buscar alternativas. El Ministerio de Sanidad ha difundido un listado de 21 medicamentos comercializados con la misma "composición, dosificación y presentación" que Dalsy para tratar el dolor leve o moderado así como estados febriles en niños.

Bexsero, la vacuna de la meningitis B no financiada por el Sistema Nacional de Salud, se ha convertido en un éxito de ventas en España, según los datos del Observatorio del Medicamento. Es la única vacuna en los puestos más alto del ranking.

Las medicinas, ese problema. Sobre todo por los precios que alcanzan, no siempre de modo justificado. Y también por sus propiedades más o menos curativas. De ahí que por iniciativa de un grupo de médicos acabe de constituirse, vía Organización Médica Colegial (OMC) y con presencia de varios políticos y expertos, una asociación cuyo nombre lo dice todo: 'Un acceso justo al medicamento'. Y cuyo objetivo es "la defensa de un acceso equitativo a fármacos seguros y asequibles que garanticen la calidad de vida de la población española".

La inversión en I+D de las farmacéuticas es escasa mientras que el marketing se lleva más de un 50% de los fondos para nuevos medicamentos que suelen salir al mercado con escasa innovación o ventaja terapéutica. Estas fueron algunas de las conclusiones de los expertos reunidos para abordar la problemática de un escenario donde prima el ánimo de lucro de las compañías.

¿Medicamentos por internet? No gracias. O, al menos, no sin una serie de garantías que normalmente no sólo no se cumplen, sino que pueden ser perjudiciales para sus compradores de buena fe. De ahí que el Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitario (AEMPS) alerte de manera oficial sobre este grave asunto que también incluye a la venta por aplicaciones para móviles.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto que regula la 'prescripción enfermera', y tras leer ese nuevo texto, los enfermeros españoles han tachado de "cacicada" la actuación del Ministerio de Sanidad, que según dicen, ha modificado el texto que acordaron sin consultarles. El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado ha denunciado que el texto aprobado establece que que para que los enfermeros usen un medicamento sujeto a prescripción médica "debe venir previamente con la prescripción y el diagnóstico de un médico", algo que no determinaba el texto redactado por Sanidad al que habían dado el visto bueno tanto ellos como las comunidades autónomas y el Consejo de Estado.

Cristina Cifuentes, presidenta de la comunidad de Madrid, ha anunciado una medida para equiparar, en materia de sanidad, a los sin papeles con el resto de madrileños. Con esta nueva propuesta los inmigrantes que no dispongan de tarjeta sanitaria pagarán el 40% del precio de los medicamentos, igual que el resto de ciudadanos, para que se beneficien de una mejor cobertura sanitaria.

 

La diputada socialista por la provincia de Toledo en el Congreso de los Diputados Guadalupe Martín ha asegurado que el Gobierno de España incrementará en un 1,5% el coste de medicamentos para los pensionistas y solo un 0,25% las pensiones, decisión que "daña seriamente el poder adquisitivo de los pensionistas de Castilla-La Mancha".

La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales devolverá a partir del 1 de enero el dinero que los pensionistas han pagado de más por sus medicinas, según lo ha anunciado este lunes su titular, José Ignacio Echániz, quien ha recordado que la ley, que entró en vigor el pasado 1 de julio, establece seis meses para hacer efectivos los pagos.

El PSCM-PSOE ha exigido  al Gobierno de Castilla-La Mancha que pague de forma inmediata los más de 2 millones de euros que más de 150.000 pensionistas  han pagado de más por sus medicamentos.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han aprobado los convenios especiales para aquellos ciudadanos que no tengan derecho a tarjeta sanitaria, como los inmigrantes irregulares, puedan ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El convenio, sin embargo, no incluye el copago de los medicamentos.

A partir de este sábado 1 de septiembre un total de 417 medicamentos saldrán de la financiación pública por parte del Sistema Nacional de Salud (SNS) por lo que, en caso de ser recetados por el médico, deberán ser pagados de forma íntegra por los ciudadanos.

El portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Fernando Mora, ha asegurado en rueda de prensa, que los castellano-manchegos tendrán que pagar de sus bolsillos más de 20 millones de euros por los medicamentos que dejarán de ser financiados por la Seguridad Social el próximo mes de septiembre.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó dos décimas en julio en relación al mes anterior y situó su tasa interanual en el 2,2%, tres décimas superior a la registrada en junio, debido fundamentalmente al alza de los medicamentos y otros productos farmacéuticos por la entrada en vigor de cambios en la normativa específica de su financiación, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La subida del IVA no afecta a los medicamentos, que se encuentra dentro de tipo superreducido, el que grava los productos de primera necesidad, en el 4 por ciento, y el único que se mantiene, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de subir el resto tipos, tres puntos el general (del 18% al 21%) y dos puntos el reducido (del 8% al 10%).

El Ministerio de Sanidad dejará de financiar en el mes de agosto 423 fármacos, si bien habrá excepciones para enfermos crónicos y los casos en los que así lo decidan los médicos. En todo caso, tras días de especulaciones, esta confirmación no ha venido acompañada de una lista concreta, por lo que algunos han trabajado duro para especificar cuáles serían los medicamentos que quedan fuera de esta protección pública, en función de los campos donde Sanidad sí ha dicho que actuaría.

A días de que entre en vigor la reforma del pago de medicamentos en función de su renta y situación laboral, todo son incógnitas sobre la forma del cálculo, empezando por la referencia temporal de los datos. ¿Se basarán en la renta de 2011 o en datos actualizados, habida cuenta de que en los primeros meses de 2012 se han producido despidos masivos, aumentos de los EREs y prejubilaciones?

- El 'medicamentazo' afectará finalmente a 423 fármacos

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y las comunidades autónomas han fijado en 423 los medicamentos para síntomas leves que dejarán de ser financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), una medida para la que Andalucía y País Vasco han solicitado un tiempo para que expertos analicen los posibles ahorros e inconvenientes que pueda causar la medida.

Gran impacto ha causado la noticia de que el Ministerio de Sanidad exigirá a las comunidades autónomas que a partir de julio se excluyan de la financiación pública 456 fármacos. El objetivo es ahorrar de 440 millones de euros. Se trata, según Sanidad, de fármacos indicados en "síntomas menores" y se excluyen de la financiación pública "para mantener la capacidad de financiación de nuevas terapias, indicadas en enfermedades graves, invalidantes o de pronóstico fatal".

- El Gobierno dejará de financiar hasta 456 fármacos

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad propondrá una lista de 456 medicamentos susceptibles de ser excluidos de la financiación pública y que, según los cálculos del departamento dirigido por Ana Mato, supondría un ahorro neto para el Sistema Nacional de Salud de 440 millones de euros.

El presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (Fefe), Fernando Redondo, ha afirmado hoy que la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, "peca de optimista" cuando dice que todo estará listo el día 1 de julio para aplicar el "copago" farmacéutico porque "no hay tiempo material".

El conseller de salud de Catalunya ha recalcado tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que aumentar el porcentaje que pagan los ciudadanos por cada receta es "insuficiente" para asegurar la viabilidad del sistema sanitario, por lo que ha conminado al Gobierno a realizar más reformas. Una visión opuesta a la de la consejera andaluza quién ha tachado la reforma sanitaria de ideológica y ha augurado que esta es la primera piedra para el desmantelamiento del sistema público de salud.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha acordado con las comunidades autónomas una reforma del sistema sanitario que instaura el copago farmacéutico (por renta, actividad y edad); adoptará la totalidad de una directiva europea prevista para disuadir el llamado turismo sanitario y se crearán una central de compras para ahorrar en la compra de medicamentos y vacunas, y una agencia sanitaria que adoptará una cartera de servicios comunes homogeneizar la asistencia por autonomía. Un compendio de herramientas con las que se pretenden incluso superar los 7.000 millones de ahorro solicitados por el Gobierno, según ha manifestado la propia Ana Mato al presentar la medida.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ve factible aplicar este mismo año un sistema de "copago" de recetas en función de la renta de los pacientes, por tramos, gracias al cruce de datos informáticos de Hacienda, Seguridad Social y Sanidad, siempre y cuando lo decida el Consejo Interterritorial de Salud.

Se acabaron, al menos obligatoriamente, las grandes marcas. Por ejemplo, se acabó la aspirina. No es que no existan, no es que no las haya en las farmacias, no es que no se puedan pedir, no. Pero su uso ya no lo va a financiar la Seguridad Social. Porque desde este mes de noviembre, los médicos de la Sanidad pública española tienen prohibido recetar marcas y deben limitarse a escribir el principio activo. Por ejemplo, ácido acetilsalicílico, en vez de aspirina. Y es que eso va a suponer un ahorro al erario público de 2.000 millones al año.