Uber

El Gobierno ha accedido a regular algunas de las demandas del sector del taxi después de la histórica sentencia del Tribunal de Estrasburgo contra Uber y a pesar de que el propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, saliera en su defensa. Con las nuevas medidas aprobadas se tratará de reducir la especulación con las licencias VTC.

El presidente de la Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI), Julio Sanz, ha anunciado este miércoles que su colectivo valorará exigir indemnizaciones por los daños ocasiones por la actividad que Uber lleva desarrollando de manera ilegal en España desde 2014.

El pasado 17 de abril quedó visto para sentencia el 'juicio final' que tuvo lugar en el Supremo y en el que está en juego la liberalización del mercado de las VTCs. La decisión del Supremo, que es inminente, podría eliminar la barrera actual que fijó el Gobierno mediante decreto ley y que estipulaba que solo podía haber una licencia de este tipo por cada 30 taxis. Que se suprima esa medida es lo que piden tanto la CNMC como Uber pero no Cabify que, junto a Unauto -la patronal mayoritaria de VTCs-, abraza ahora al sector del taxi y de las administraciones públicas para intentar salvar su futuro.

La Sala III del Tribunal Supremo ha estimado sendos recursos de la Generalitat de Catalunya y ha revocado las sentencias de dos juzgados de lo Contencioso de Barcelona que dieron la razón a Uber y anularon dos multas de 4.001 euros que le había impuesto la Administración autonómica catalana por infracción muy grave de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, por “la contratación como transportista o la facturación en nombre propio de servicios de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas sin ser previamente titular de autorización de transporte”.

Más de 25.000 taxistas de toda España se han manifestado este martes en Madrid, según datos de los convocantes, para exigir al Ministerio de Fomento que adopte medidas “concretas e inmediatas” para controlar y frenar el número de licencias de vehículos de transporte con conductor (VTCs), que se han concedido de manera indiscriminada en los últimos años y que han provocado que en la actualidad operen hasta cuatro veces más VTCs de las permitidas por ley. Durante la marcha, los taxistas han anunciado nuevas movilizaciones y un paro indefinido a partir del 31 de julio si la Administración no escucha sus reivindicaciones.