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Medicamentos

Tal y como ha anunciado la consejera de Sanidad

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y las comunidades autónomas han fijado en 423 los medicamentos para síntomas leves que dejarán de ser financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), una medida para la que Andalucía y País Vasco han solicitado un tiempo para que expertos analicen los posibles ahorros e inconvenientes que pueda causar la medida.

Algunas de las dolencias que no contarán con fármacos baratos

Gran impacto ha causado la noticia de que el Ministerio de Sanidad exigirá a las comunidades autónomas que a partir de julio se excluyan de la financiación pública 456 fármacos. El objetivo es ahorrar de 440 millones de euros. Se trata, según Sanidad, de fármacos indicados en "síntomas menores" y se excluyen de la financiación pública "para mantener la capacidad de financiación de nuevas terapias, indicadas en enfermedades graves, invalidantes o de pronóstico fatal".

- El Gobierno dejará de financiar hasta 456 fármacos

Le darán el tique al cliente para que reclame a la Administración

El presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (Fefe), Fernando Redondo, ha afirmado hoy que la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, "peca de optimista" cuando dice que todo estará listo el día 1 de julio para aplicar el "copago" farmacéutico porque "no hay tiempo material".

Ana Mato asegura que esta reforma garantiza la viabilidad del sistema sanitario

> "España es el segundo consumidor mundial de medicamentos"
> Se creará una agencia para crear una cartera de servicios comunes
> Se adoptará la totalidad de una directiva europea para paliar el turismo sanitario

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha acordado con las comunidades autónomas una reforma del sistema sanitario que instaura el copago farmacéutico (por renta, actividad y edad); adoptará la totalidad de una directiva europea prevista para disuadir el llamado turismo sanitario y se crearán una central de compras para ahorrar en la compra de medicamentos y vacunas, y una agencia sanitaria que adoptará una cartera de servicios comunes homogeneizar la asistencia por autonomía. Un compendio de herramientas con las que se pretenden incluso superar los 7.000 millones de ahorro solicitados por el Gobierno, según ha manifestado la propia Ana Mato al presentar la medida.

Se acabaron, al menos obligatoriamente, las grandes marcas. Por ejemplo, se acabó la aspirina. No es que no existan, no es que no las haya en las farmacias, no es que no se puedan pedir, no. Pero su uso ya no lo va a financiar la Seguridad Social. Porque desde este mes de noviembre, los médicos de la Sanidad pública española tienen prohibido recetar marcas y deben limitarse a escribir el principio activo. Por ejemplo, ácido acetilsalicílico, en vez de aspirina. Y es que eso va a suponer un ahorro al erario público de 2.000 millones al año.

El ministerio de Sanidad prevé un ahorro de 440 millones de euros

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad propondrá una lista de 456 medicamentos susceptibles de ser excluidos de la financiación pública y que, según los cálculos del departamento dirigido por Ana Mato, supondría un ahorro neto para el Sistema Nacional de Salud de 440 millones de euros.

El Consejo Interterritorial de Salud acuerda una profunda reforma sanitaria

El conseller de salud de Catalunya ha recalcado tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que aumentar el porcentaje que pagan los ciudadanos por cada receta es "insuficiente" para asegurar la viabilidad del sistema sanitario, por lo que ha conminado al Gobierno a realizar más reformas. Una visión opuesta a la de la consejera andaluza quién ha tachado la reforma sanitaria de ideológica y ha augurado que esta es la primera piedra para el desmantelamiento del sistema público de salud.

La ministra de Sanidad ve factible aplicar la medida este año

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ve factible aplicar este mismo año un sistema de "copago" de recetas en función de la renta de los pacientes, por tramos, gracias al cruce de datos informáticos de Hacienda, Seguridad Social y Sanidad, siempre y cuando lo decida el Consejo Interterritorial de Salud.