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Recurso al Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat, aprobada por el Parlament para poder realizar la investidura a distancia del ex president Carles Puigdemont. En el auto, el Constitucional advierte al president del Parlament, Roger Torrent "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".

Tanto el PSOE como Ciudadanos han dado su apoyo al Gobierno tras su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional la candidatura del ex president Carles Puigdemont al debate de investidura, a pesar de no tener el respaldo del Consejo de Estado.

La Generalitat ha presentado este viernes en el registro del Tribunal Constitucional (TC) un recurso donde pide que "reconsidere y deje sin efecto" la admisión a trámite de la impugnación del proceso de participación ciudadana presentado por el Gobierno ante el 9N, según ha informado el Govern en un comunicado. La presentación de este recurso llega el día siguiente de que el Tribunal Supremo rechazase la petición que le presentó la Generalitat contra el Estado, en la que pedía actuaciones contra el Gobierno central por haber impugnado el proceso participativo, que el TC suspendió cautelarmente este martes. Sin embargo, el Constitucional no se reunirá de urgencia ni resolverá esta cuestión antes del 9-N. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha encargado a los servicios jurídicos del Estado informes sobre la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional la organización de la consulta alternativa del 9-N. Mientras tanto, la consulta que sí ha sido ya recurrida ha sido la canaria referida a las prospecciones petrolíferas.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no termina de definirse. Por un lado, ha condenado la "quiebra de la legalidad" del presidente de la Generalitat, Artur Mas, con la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre y ha apoyado los recursos presentados en su contra por el Ejecutivo central. No obstante, al mismo tiempo, ha justificado el "razonable" apoyo del PSC a la ley de consultas porque en virtud de dicho texto podrían realizarse convocatorias legales.

Se trata de una suspensión cautelar durante 5 meses

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido este jueves admitir a trámite el recurso del Gobierno central contra el decreto andaluz sobre desahucios, lo que supone la suspensión cautelar de la norma durante cinco meses.

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Ciudadanos y los socialistas catalanes (PSC) han anunciado que acudirán por separado al Tribunal Constitucional para terminar con la situación de bloqueo político en Cataluña.

El Gobierno en funciones y la Generalitat han vuelto a sus crispadas posiciones después de que estas últimas semanas se escenificara cierto deshielo en las relaciones con las visitas del presidente catalán, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras, a La Moncloa. Este viernes el Consejo de Ministros ha aprobado recurrir al Tribunal Constitucional la ley catalana contra la pobreza energética y ha solicitado además la suspensión de la norma mientras se resuelve el conflicto. Algo que

El Gobierno basa su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva consulta catalana en que todas las actuaciones de la Generalitat de Cataluña para organizarla "tienen efectos jurídicos y trascendencia externa", aunque no exista una única convocatoria como tal, como ocurría en el referéndum original previsto para el 9 de noviembre.

El Gobierno cumple el guión: recurre al Constitucional la nueva versión de consulta

Los doce magistrados que integran el Tribunal Constitucional han iniciado a las 18:40 horas el Pleno extraordinario en el que estudiarán si admiten o no a trámite los dos recursos presentados por el Gobierno contra la ley de consultas y el decreto de convocatoria del referéndum catalán, han informado fuentes jurídicas.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado este martes que ya están redactados los dos recursos que la Abogacía del Estado presentará ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Consultas catalana y, en su caso, contra el decreto de convocatoria de la consulta del 9N.