Hipotecas

Nueva sentencia referida a las cláusulas abusivas de la banca en los préstamos personales e hipotecarios. En esta ocasión, el Tribunal Supremo ha confirmado, con el respaldo ya del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que los intereses de demora cobrados a los usuarios no podrán nunca exceder de dos puntos sobre el interés remuneratorio.

El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo decide desde este lunes quién debe pagar y desde cuándo el impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios. No obstante, se prevé un debate tenso que podría prolongarse incluso hasta el martes.

El presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, ha emitido una nota informativa en la que invita al Pleno a pronunciarse sobre la conveniencia de confirmar o no el reciente fallo sobre el impuesto de las hipotecas que modificaba sustancialmente su propia doctrina jurisprudencial.

El Tribunal Supremo señala que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no quien recibe el préstamo. Una sentencia que tras hacerse pública ha provocado fuertes caídas de la cotización de la banca en bolsa.

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de la banca en cuanto al abono del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y ha dividido el abono del pacto de la tasa de actos jurídicos documentados. Sin embargo, aún hay otros gastos reclamables en concepto de: notaría, gestoría, tasación o Registro de la Propiedad, intereses de demora, comisiones de vencimiento anticipado o de apertura.

El Tribunal Supremo ha aclarado el reparto de los gastos hipotecarios, concluyendo que han de repartirse de forma 'salomónica' entre los bancos y los clientes. Tras el polémico fallo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, el Supremo ha establecido el reparto del resto de los gastos hipotecarios, como la gestoría, la notaría o el registro.

La banca ha sufrido un doble revés judicial este viernes a cuenta de las cláusulas abusivas impuestas en los contratos hipotecarios. Por un lado un juzgado de Valencia ha impuesto -por segunda vez desoyendo al Tribunal Supremo- que el banco debe pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados con retroactividad y, por otro, la Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a los usuarios que reclaman la devolución de las cláusulas suelo desde sus orígenes.

Un juzgado de primera instancia en Málaga ha condenado al Banco Santander ha abonar el impuesto de las hipotecas en una sentencia referida a un contrato del 2014, al considerar que el pago estaba incluida en una cláusula abusiva nula desde sus orígenes.

Tal y como anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley que modificará la legislación para que la banca pague el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Tras su publicación en el BOE este viernes, el decreto entra en vigor este sábado, aunque de forma efectiva, será a partir del lunes.

Nuevo giro sin precedentes del Tribunal Supremo, que apenas dos días después de que cambiar su criterio, ha reculado y ha dejado en el aire quién pagará los impuestos sobre las hipotecas. Después de dictaminar que debía ser el banco y no el hipotecado quien afrontase estos gastos, y tras las caídas de la banca española en la Bolsa, el Supremo ha decidido volver a estudiar la decisión. El tribunal apunta al "impacto radical en la economía y la sociedad" como los motivos de la nueva rectificación, mientras los ciudadanos se preguntan ¿qué ocurrirá ahora?

El Tribunal Supremo ha unificado el criterio sobre quién debe hacerse cargo de los gastos hipotecarios. En relación al pago del impuesto de transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados -el mayor montante- ha estimado que debe abonarlo el prestatario y el timbre de los documentos notariales deberá abonarse a partes iguales.

El Tribunal Supremo ha declarado que la mera referenciación al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) en el contrato hipotecario no puede considerarse un abuso o implicar falta de transparencia.